Manifestación el 18 de noviembre

Las dos leyes de Castells ponen en pie de guerra a los universitarios

Los alumnos y alumnas se movilizarán para pedir que la mediación sea irrenunciable en la resolución de conflictos en el aula

Consideran que la norma orgánica que regula el sistema "no es ningún avance democrático"

Estudiantes bloquean los accesos al rectorado de la UB, en abril de 2021.

Estudiantes bloquean los accesos al rectorado de la UB, en abril de 2021. / Ricard Cugat

Olga Pereda

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Los estudiantes universitarios preparan, para el próximo 18 de noviembre, una movilización contra las dos leyes cocinadas en el Ministerio de Universidades, la de convivencia y la ley orgánica que regula todo el sistema. Respecto a la primera, los alumnos y alumnas consideran que los grupos parlamentarios han roto el consenso con el que salió el texto del ministerio. En la versión actual, en su opinión, la mediación no es una máxima sino que dependerá de cada universidad. De la segunda ley critican que no supone mejora alguna respecto a la norma que está actualmente en vigor.

La protesta estudiantil tendrá lugar en ciudades como Madrid (donde probablemente se celebre frente al Congreso de los Diputados), Barcelona, Sevilla, Vigo y Córdoba. No hay una convocatoria estatal sino que cada territorio decidirá cómo hacerla. En todo caso, y también debido a que muchos estudiantes están inmersos en los exámenes, será una protesta comedida. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) la considera como el inicio de “un ciclo largo” de quejas frente a las dos leyes.

Andrea Paricio, de la Creup, explica que los estudiantes han estado involucrados en la negociación de la ley de convivencia universitaria, que, entre otras cosas, penaliza las novatadas, los plagios y el acoso. El texto supone la derogación de un punitivo decreto de 1954, cuando España era una dictadura. “Nos parece muy bien elaborar una ley moderna y quitar una norma del franquismo", explica tras narrar cómo fueron convocados y trabajaron mucho junto a los rectores, las autonomías, los sindicatos y consejos sociales para realizar aportaciones en la elaboración del nuevo texto. En él se apostaba por la mediación como solución a los conflictos. Sin embargo, el descontento de los estudiantes apareció cuando, en el trámite parlamentario del Congreso, PSOE, Unidas Podemos y ERC añadieron una enmienda que sustituye al redactado original y que insta a cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, a “desarrollar los medios oportunos para la resolución alternativa de los conflictos”.

"La ley de convivencia afecta a los estudiantes, pero la clase política la está negociando con sus propios intereses"

— Andrea Paricio, miembro de la Creup

Patricio explica que de esta manera cada facultad decidirá si hay o no mediación, en lugar de apostar siempre por ella. “Es una ley que afecta a los estudiantes. Pero la clase política la está negociando con sus propios intereses. ¿Por qué no han respetado el consenso con el que se redactó el borrador? Es de suponer que las universidades apuesten por la mediación, pero ¿y si no lo hacen? Los estudiantes no tenemos tanta representación como los docentes y el equipo rector en los órganos de gobierno”, critica. 

La otra ley contra la que protestarán los estudiantes es la ley orgánica del sistema universitario (Losu), que modificará la actual norma, de 2001, y cuyo objetivo prioritario es poner freno a la precariedad de los docentes, especialmente los asociados. El texto aún no ha llegado al Parlamento. Lo hará una vez que el Consejo de Ministros dé luz verde definitiva al proyecto. “Es una norma que no soluciona ningún problema y que no mejora nada respecto a la ley actual. No supone avance alguno. Tiene que abrirse un debate más amplio para que el proyecto esté más consensuado con los estudiantes”, explica la representante de la Creup, muy crítica con la posibilidad de que la duración del mandato del rector o rectora sea de seis años en lugar de los cuatro actuales con posibilidad de una reelección más. "Habrá generaciones de estudiantes que no voten a lo largo de sus años en la facultad. Es un retroceso en cuanto a democracia", concluye.