Derechos fundamentales

La Eurocámara reclama reconocer en toda la UE los matrimonios del mismo sexo

La resolución del Parlamento Europeo reclama a la Comisión Europea que actúe contra Polonia, Hungría y Rumanía por vulnerar derechos fundamentales

Beso gay contra la visita papal

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Silvia Martinez

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La Unión Europea debe eliminar todos los obstáculos a los que se enfrentan las personas LGTBTIQ para ejercer sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de movimiento, mientras que los gobiernos europeos deben reconocer los matrimonios o uniones civiles formadas por personas del mismo sexo en un Estado miembro. Son dos de las peticiones recogidas en una nueva resolución no vinculante aprobada este martes en el Parlamento Europeo por 387 votos a favor, 161 en contra y 123 abstenciones, con el voto en contra de los eurodiputados de Vox y la abstención de los populares españoles.

El texto celebra los avances cosechados en términos de matrimonio y uniones civiles, los derechos de adaptación para el colectivo LGBTIQ y la protección jurídica contra la discriminación, incitación al odio y delitos de odio. Al mismo tiempo, sin embargo, subraya que se han producido “retrocesos”, como la retórica hostil de políticos electos, las oleadas de la violencia homófoba y transfóbica y la proclamación de las denominadas “zonas sin LGBTI” en Polonia, y denuncia que las personas LGBTIQ siguen siendo víctimas de discriminación y violencia en Europa y que hay países en la UE que no les dan protección frente a la discriminación. 

Es más, “este año no se ha producido ni un solo cambio jurídico o político que afecte positivamente a las personas LGBTIQ”, lamentan los eurodiputados aludiendo al último informe de ILGA-Europe, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays Bisexuales, Trans e Intersex de Europa. Ante este panorama, la Eurocámara expresa “su más profunda preocupación” por la discriminación que sufren las familias arcoíris y sus hijos y por el hecho de que se les prive de sus derechos por motivos de orientación sexual, identidad de género o características sexuales de los padres o parejas. 

Y reclama a la Comisión y a los Estados miembros que combatan esta discriminación y eliminen los obstáculos a los que se enfrentan. También piden específicamente a los gobiernos europeos que introduzcan legislación pertinente para garantizar el pleno respeto del derecho a la vida privada y familiar sin discriminación y a la libre circulación de todas las familias, incluidas medidas para facilitar el reconocimiento del género legal de los progenitores transgénero. 

Primacía de la ley europea

Aunque sin mencionar explícitamente a Varsovia o Budapest, la resolución también recuerda que el Derecho de la Unión prevalece sobre cualquier tipo de legislación nacional, incluidas disposiciones constitucionales que puedan ir en contra de la legislación europea por lo que los Estados miembros no pueden invocar ninguna prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo ni la protección constitucional de la “moral” o el “orden público” para obstaculizar el derecho fundamental a la libre circulación de las personas dentro de la Unión.

En la lista de exigencias, también figura otra petición a Bruselas de nueva legislación que obligue a todos los Estados miembros a reconocer a los adultos mencionados en un certificado de nacimiento expedido en otro Estado miembro como padres legales del niño, independientemente del sexo legal o del estado civil de los citados adultos, y que exija a todos los Estados miembros que reconozcan, a efectos de sus respectivos ordenamientos jurídicos, los matrimonios o las uniones registradas celebradas en otro Estado miembro en todas las situaciones en las que los cónyuges o las miembros de las uniones registradas tengan derecho a la igualdad de trato con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además, la moción recuerda que el término “cónyuge” también es aplicable a las parejas homosexuales, tal y como recoge una sentencia de 2018, y pide a la Comisión Europea que actúe contra Rumanía por incumplirla. En cuanto a la situación en Polonia y Hungría, el texto pide al Ejecutivo comunitario que examine la discriminación de la comunidad LGBTIQ en ambos países y que haga uso de todos los instrumentos que tiene, incluido el bloqueo de fondos. Al Consejo le piden que reanude los debates sobre los procedimientos lanzados contra ambos países por vulneración del estado de derecho y los valores europeos.