Ayuntamientos y usuarios celebran la liberalización de las autopistas tras años de reivindicaciones

A partir del 1 de setiembre se llevará a cabo la liberalización de algunas autopistas de peaje en Catalunya. Los territorios cercanos y afectados por estas vías y sus usuarios, después de reclamar esta medida en repetidas ocasiones, celebran la decisión tomada que se empezará a efectuar el próximo miércoles. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) estima que la liberación de los peajes de las autopistas AP-7 Tarragona-La Jonquera y AP-2 Zaragoza-El Vendrell va a suponer un ahorro para los usuarios que alcanza los 515 millones de euros anuales con los más de 13 millones de desplazamientos actuales. Si bien, con el aumento del tráfico previsto, el ahorro llegará hasta los 752 millones de euros anuales.

Aun así, este cambio evidenciará unas consecuencias económicas para los ayuntamientos y la insistencia en las mejoras en cuanto al mantenimiento de las vías tanto actuales como futuras sigue estando presente pese a este nuevo cambio.

¿Qué autopistas de Catalunya serán gratuitas a partir del 1 de septiembre? Listado completo

La reacción de los ayuntamientos

Para el Ayuntamiento de Figueres esta era una demanda reclamada desde hacía mucho tiempo. "Siempre habíamos pedido la gratuidad entre la salida Figueres Sur y Figueres Norte, puesto que contribuiría a mejorar la movilidad de la ciudad sin tener que pasar por el centro. Ahora, será posible", señalan fuentes municipales. El mismo portavoz asegura que no había presión municipal para que se llevase a cabo esta liberalización, pero sí por la gratuidad entre Figueres Norte y Sur. Del mismo modo, Alella, en el Maresme, valora muy positivamente la finalización de la concesión de C-32 poniendo fin a "50 años de pago" y después de tanto tiempo reivindicando su gratuidad para mejorar y facilitar los desplazamientos por la comarca y Barcelona. Desde la Asociación Catalana de Municipios (ACM) también están a favor de la eliminación de los peajes ya desde hace años, "siempre hemos planteado que se busquen sistemas alternativos para el mantenimiento de la red viaria incluyendo una mayor financiación estatal" aseguran.

Del mismo modo que esta liberación de las vías supone estos efectos positivos, Figueres dejará de percibir 45.000 euros en concepto de IBI y Alella la recaudación de 29.000€ anuales aproximadamente por el Ayuntamiento. Para el Ayuntamiento de Lleida, la cuantía de la afectación es de 47.000 euros anuales. Aun así, lejos de pedir algún tipo de compensación, lo único que demandan es que el mantenimiento de la vía sea igual o mejor que en la actualidad. De esta manera, el Ayuntamiento de Alella ha mantenido varias reuniones con responsables de la Generalitat de Catalunya pidiendo mejoras viarias a los accesos y el mantenimiento de la vía de ahora en lo sucesivo. Por otro lado, la ACM está dispuesta a formar parte de una mesa de trabajo que analice los futuros mantenimientos de las grandes infraestructuras viarias como compensaciones en los municipios afectados por la eliminación de peajes y que ahora recibían un ingreso de las concesionarias.

Cómo afecta a los usuarios

El sector del transporte recibe la gratuidad de algunas vías de pago a partir de este 1 de septiembre como un gran alivio para las cuentas y un empujón para la recuperación económica. Para Juan Jose Gil, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), la gratuidad de autopistas "es una muy buena noticia, ya que liberará a más de 20.000 camiones del pago de los peajes, especialmente de la AP-7 en su tránsito hacia Francia, teniendo en cuenta que los transportistas abonan anualmente unos 1.900 euros en esas vías", explica aludiendo a datos del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías que anualmente publica el Ministerio de Transportes.  En cualquier caso, los más beneficiados de la eliminación de peajes van a ser los cargadores, según reconocen fuentes del sector, ya que de los contratos en vigor se reducirán los costes de peajes de manera casi automática, como suele suceder en los altibajos de los costes del combustible (el 35% de los costes de transporte). Quizá algunos transportistas autónomos puedan mantener sus tarifas, pero serán la minoría.  Para Gil, la consecuencia directa en el tráfico es que se "permite la mejor redistribución de los vehículos, tanto privados como profesionales, entre las carreteras nacional y las autopistas paralelas, basando la elección por una u otra vía por parte de los conductores no en criterios exclusivamente económicos como hasta ahora, sino en función del trayecto a realizar o del destino del viaje". 

Para la patronal del transporte los efectos en el tráfico serán positivos, como ya demostró la liberación del tramo de la AP-7 desde Alicante a Tarragona en enero del 2020. El trasvase de vehículos de carreteras nacionales a vías de pago tiende en opinión de Gil a reducir el tiempo de traslados, y sobre todo a "una utilización más racional de las carreteras nacionales por los vehículos de transporte que así las elijan en función del destino de la mercancía, al tener los camiones limitada técnicamente su velocidad a 90 kilómetros/hora".

Los nuevos modos de pago

Aun así, para el RACC, principal asociación de automovilistas y principal grupo de presión del sector, la gratuidad de algunas autopistas a partir del 1 de septiembre abre una nueva etapa y el diseño de un nuevo modelo de gestión de las autopistas por parte de la Administración, que debe partir de la exigencia de una inversión relevante para el mantenimiento, mejora y modernización de toda la red de carreteras. Para ello, explican que "la nueva fiscalidad debería ser finalista(destinada específicamente)" y con dotaciones suficientes "para adaptar las vías a las nuevas tecnologías de los vehículos conectados y, en el futuro, de los vehículos conectados". "Es importante que el nuevo sistema de financiación se aplique en las mismas condiciones en todo el Estado, sin diferencias según quien sea el administrador titular de cada vía", considera el RACC. A priori, el RACC está de acuerdo con el principio del pago por uso o kilómetros recorridos y que quien contamina paga más, como establece la directiva comunitaria y propone el Govern. Pero en cualquier caso, la organización de automovilistas reclama que para definir el nuevo modelo "el coste para el usuario se sitúe por debajo del 10% o 15% del coste actual". También aboga por implantar un sistema electrónico de pago por distancia y uso, con sistemas de pago electrónicos que puedan controlar distancias recorridas, tipo de carreteras utilizadas o consumos estimados.

Para Carlos Folchi, secretario general de la Associació General d´Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya, la posibilidad de que vuelvan los peajes "preocupa al sector". "A través de la imposición directa e indirecta a la que esta sometido el transporte de mercancías y muy especialmente a través del impuesto sobre hidrocarburos, consideramos que el transporte de mercancías por carretera aporta recursos de sobras para el mantenimiento de las vías de alta capacidad". Desde ese punto de vista, los autónomos del transporte exigen "que de una vez por todas se fije un modelo armonizado de financiación de vías de alta capacidad para todo el Estado y poner fin al actual régimen con 17 modelos distintos, lo cual atenta contra la unidad de mercado y la libre circulación de mercancías en igualdad de condiciones", afirmó Folchi.

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