La nueva directora catalana de Dependencia, obligada a vender sus acciones en 10 geriátricos

Montserrat Vilella (JxC) es la nueva directora general de Autonomía Personal y Discapacidad de la Generalitat. Fue nombrada el pasado 8 de junio por la nueva consellera de Drets Socials, Violant Cervera y es responsable de gestionar el sistema de la dependencia en Catalunya: desde geriátricos y centros de día para personas de la tercera edad hasta las residencias de personas con patologías de salud mental y discapacidad. Vilella posee 234 acciones nominales del Institut Pere Mata y 3.414 más de la Agrupació de Serveis Sanitaris i Assistencials SA de las que tiene previsto deshacerse a finales de esta semana. Ambas son empresas que gestionan una decena de geriátricos y centros de día con plazas públicas y más de 300 plazas en siete residencias para personas con discapacidad, entre otros servicios.

Nacida en Reus en 1966, Montserrat Vilella y Cuadrada es psicóloga clínica que ha trabajado en Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescència en la comarca del Baix Penedès y ha dirigido una residencia de personas con discapacidad intelectual de la Generalitat gestionada por el Grupo Pere Mata. Fue militante de la ya extinta Convergència Democràtica de Catalunya y ejerció como concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Reus en tres legislaturas desde 2011. También fue diputada en el Parlament en 2015 con la lista JuntsxSí.

De la experiencia profesional de Vilella, según consta en su currículo, destaca el paso por el Institut Pere Mata. Y de hecho es una de las empresas de las que tiene 234 acciones nominales: 159 fechan de 1994 y 75 de 2014. Pero Vilella tiene más de 3.000 acciones en otra empresa, Agrupació de Serveis Sanitaris i Assistencials SA, también desde 1994. De este ente dependen algunas empresas del Institut Pere Mata, como son Pere Mata Social SA, VillaBlanca Serveis Assistencials SA, Villablanca Social SA pero también un geriátrico en Avinyó (Bages).

El grupo Pere Mata es un gran ente corporativo formado por diversas entidades y fundaciones que, a su vez, gestionan servicios públicos consorciados con la 'conselleries' de Salut y de Drets Socials. Según explican en su página web, el grupo gestiona ocho residencias y centros de día públicos para la tercera edad, dos geriátricos cuyas plazas también están financiadas por Drets Socials, 366 plazas en residencias públicas para personas con discapacidad intelectual, dos hogares residenciales para personas con discapacidad intelectual y varios centros ocupacionales y terapéuticos para personas con discapacidad. Además también dirigen centros especializados de atención a la salud mental de la red pública, hospitales psiquiátricos y sociosanitarios, servicios de atención a las demencias o el Servicio de Atención Domiciliaria de tres municipios.

Fuentes de la Generalitat niegan que Vilella incumpla el régimen de incompatibilidades del 'Govern' poseyendo estas acciones. En su artículo cuatro, la ley dice que los altos cargos del Govern pueden tener acciones de empresas que tengan conciertos o contratos públicos siempre y cuando estas acciones no superen el 10% del total de la empresa. Estas mismas fuentes afirman que el porcentaje de acciones que corresponden a Vilella es inferior del 10% en ambos casos, pero no concretan el porcentaje. También explican que la ya directora general tiene previsto firmar la venta de sus acciones a finales de esta semana, y está dispuesta a aportar pruebas documentales de ello. Además aseveran que la directora ha renunciado a participar en mesas de contratación de la Generalitat de su departamento, aunque no suele ser habitual que los directores generales participen de ello.

Vilella, como directora de autonomía personal, tiene el encargo de revisar el modelo de la dependencia en Catalunya. Es la comunidad con más lista de espera y se enfrenta a un reto demográfico sin precedentes. Tras la crisis de la pandemia, las asociaciones de familiares y sindicatos interpelaron a la Generalitat y a la antigua directora general, Aina Plaza, para que acabaran con las subcontratas de geriátricos y centros de día, exigiendo servicios de la dependencia 100% públicos. Nada de ello ha ocurrido. De las más de mil residencias para la tercera edad que hay en Catalunya, sólo 16 no están subcontratadas.

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