Igualdad acepta fusionar las leyes trans y LGTBI para allanar un acuerdo con el PSOE

El Ministerio de Igualdad acepta fusionar los borradores sobre las leyes trans y LGTBI en un único texto legal para desbloquear las negociaciones con el PSOE, como le solicitaron este martes los principales colectivos LGTBI. Concretamente, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Triángulo y la asociación Chrysallis, de familias de menores trans, pidieron a Irene Montero que "ceda" y admita la propuesta socialista de que haya un único texto. Y a su vez reclamaron al PSOE que la legislación incluya la libre autodeterminación de género. Es decir, que una persona trans pueda cambiarse de sexo en el registro solo con su declaración expresa, sin ningún documento o procedimiento que demuestre que vive una situación estable de transexualidad, que es lo que ha solicitado el ala socialista del Gobierno, capitaneado por Carmen Calvo, en las negociaciones. Y mientras la respuesta de Igualdad fue afirmativa, el sector socialista sigue insistiendo en la necesidad de introducir más garantías jurídicas a la hora del cambio de sexo registral.

Así, casi a la misma vez que las asociaciones difundían su reivindicación, Montero escribió un tuit en el que "agradece la propuesta de los colectivos LGTBI" pero avisa de que "la ley trans será ley, reconociendo el derecho a la libre autodeterminación de género".

Fuentes de Igualdad aclararon que se acepta que haya un único texto, si bien redactado por el departamento de Montero y no por Vicepresidencia o el PSOE, y que en su articulado incluya la libre autodeterminación, que según este departamento "es la forma más respetuosa de garantizar derechos y refleja los más altos estándares de derechos humanos, tal y como señala la Comisión Europea".

Aumento de los ataques

A su vez, los colectivos LGTBI reclamaron al PSOE que la nueva legislación sea una "ley por la igualdad trans y del colectivo LGTBI", que contemple la autodeterminación "sin tutelas, documentos o testigos, salvo la mera voluntad de la persona", en palabras de Uge Sangil, presidenta de la FELGTB. "No hay argumentos de peso para no aceptar esta cesión y así se desbloquearían unas leyes imprescindibles ante el ascenso del odio contra las personas trans y LGTBI", ha señalado.

Y es que las entidades sostienen que "el estancamiento" de las negociaciones en torno a la ley trans y el hecho de que Vox, en la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid, se haya "quitado la careta", mostrando más claramente sus posiciones contra ciertos colectivos, está "abriendo paso a discursos de odio", que llevan "a las personas trans a situaciones de acoso y violencia". "Hay jóvenes que prefieren aislarse para no sufrir este cuestionamiento y personas trans adultas que están siendo acosadas en las redes sociales", denunció Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis.

A su vez, el presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez, recordó al Gobierno "que no se lucha contra los discursos del odio hacia las minorías con palabras retóricas, sino con leyes".

La pelota, en el PSOE

Horas después, fuentes de la parte socialista del Gobierno aplaudieron que Igualdad haya aceptado fusionar los textos legales porque "lo que importa es el fondo y no la forma" y esta simplificación legislativa podría agilizar su aprobación. Pero incidieron en que la nueva ley debe cumplir la Constitución y que, por tanto, el Ministerio de Justicia debe aún dar su visto bueno al cambio de sexo registral de las personas trans y a cómo ha de ejecutarse sin saltarse la Carta Magna. El ala socialista del Ejecutivo sigue reticente a que sea suficiente la declaración expresa, dado que tanto para casarse como para dar cuenta de un fallecimiento en el Registro Civil se necesita al menos un testigo o la acreditación de un médico. Las mismas fuentes explicaron, por último, que en la unión de las dos leyes deben trabajar también los Ministerios de Sanidad y Educación, como áreas implicadas. En la Moncloa siempre se reitera que las leyes de igualdad han sido recurridas por el PP ante el Constitucional, impugnaciones que han sido tumbadas, y ello exige, alegan, que todo nuevo texto quede bien pertrechado.

Los socialistas se han opuesto hasta ahora a la autodeterminación de género en consonancia con un sector del feminismo que teme que si se permite a los hombres ser reconocidos como mujeres sin hormonación u otros requisitos se perjudique la lucha contra el machismo y se desdibuje la situación de desigualdad estructural de las mujeres.