Desalojados tras una electrocución en un piso en Santa Coloma

"Mamá, no me quiero morir. Y tampoco quiero que tú te mueras", dice cada noche, antes de irse a dormir G., un niño de 7 años hijo de Karla Yamileth. Hace tres semanas vio cómo un cortocircuito fulminaba a un hombre mientras se duchaba. El menor vive asustado ahora en el piso donde le han acogido junto a su madre y otras siete personas desde que los desalojasen del número 39 de la calle Joan Ubach de Santa Coloma de Gramenet. Concilia el sueño en un colchón compartido con dos personas más en el comedor de sus vecinos. El ayuntamiento asegura que los expulsados rechazaron la ayuda que les ofrecieron diez días después de la electrocución. Los afectados lo niegan e imploran soluciones. Si no fuera por la solidaridad vecinal, hoy estarían en la calle.

El niño tiene miedo de morir porque presenció una muerte. Fue el 22 de enero cuando Darwin Josué estaba duchándose. "Oímos unos gritos pero era imposible abrir la puerta. Él empezó a chillar y llegó un momento que el agua y los vómitos sobresalían bajo la puerta del baño. Cuando conseguí entrar, me lo encontré tumbado, dislocado y al apagar los plomos sufrí varias quemaduras", explica Karla Yamileth. Cuando llegaron los sanitarios de emergencias ya no pudieron hacer nada por salvar la vida a Darwin. Tenía 32 años. Karla estuvo ingresada tres días por las quemaduras. "El niño está traumatizado, todo le da pavor", añade entre sollozos Jessica Yosmari, pareja sentimental del fallecido.

En aquel piso de dos habitaciones y 80 metros cuadrados vivían nueve personas. "Estábamos apretaditos, no nos quedaba otra", explica Yosmari. Los "apretaditos" eran Karla Yamileth, sus cuatro hermanos (dos hombres y dos mujeres), sus parejas, además de Jessica Yosmari y Darwin Josué. Todos hondureños y sin papeles. Antes de la pandemia sus casas eran habitaciones realquiladas y trabajaban en la economía sumergida: las mujeres cuidando ancianos y ellos, en la construcción o en empleos esporádicos. Los sueldos no llegaban a los 700 euros al mes.

El coronavirus lo paró todo. "El abuelo que yo cuidaba se murió, y me quedé sin empleo", explica Yamileth. Otra de las mujeres dormía en casa de los ancianos que cuidaba pero los fines de semana no tenía a dónde ir. La desesperación era tal que en agosto optaron por juntarse en Joan Ubach, 39. "Nos contaron que un señor lo alquilaba por 500 euros. Lo dividíamos entre todos y al menos teníamos un techo", explica Yamileth. Nadie firmó un contrato de alquiler. Los pagos se hacían en metálico y nunca llegaban las facturas de los suministros.

Sin padrón y sin derechos

Tras el accidente, el piso fue precintado. Los Mossos y los técnicos de la Direcció General de Seguretat Industrial de la Conselleria d'Empresa certificaron el mal estado de la instalación eléctrica de la finca la semana posterior al suceso. Los inquilinos creen que los suministros estaban pinchados. Pero la respuesta de la administración se demoró una semana. El ayuntamiento de Santa Coloma ofreció dormir tres noches en un albergue u hotel, que fue rechazado por los afectados. "¿Y después qué, dónde vamos?", se queja Karla. Finalmente, unos vecinos les abrieron el comedor de su casa para colocar un par de colchones. "Pero aquí no nos podemos quedar siempre", susurra Yosmari.

Denuncia esta mujer que, en realidad, las administraciones se han preocupado antes de los ladrillos que de las personas. El ayuntamiento dice haber ampliado al 100% la beca comedor del hijo de Karla, empadronado y escolarizado en Badalona, y ofrecido vales para ropa y comida. Pero, dice la madre, la beca comedor del niño es lo único que les han concedido. "No nos ha llegado ninguna ayuda de ropa ni de comida", asevera. Ofrecerles una vivienda social, hoy por hoy la medida más necesaria, no se plantea.

"El problema está en que no tenemos papeles ni contrato laboral. No podemos alquilar un piso ni tampoco empadronarnos", añade Karla. En realidad, son muchas las entidades que reclaman que los consistorios apliquen el padrón sin domicilio fijo, que permite que estos residentes tengan, al menos, derechos sociales. "No tenemos derecho a nada, nuestras vidas importan menos que el resto", prosigue la madre. Un grafito en la calle anuncia lo que pocos se atreven a decir: la pobreza mata. Esta pasada noche, el niño ha vuelto a tener pesadillas. Teme ser el siguiente.

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