REVISIÓN Y RADIOGRAFÍAS

La Generalitat no hará test de edad a los migrantes menores que lleguen con pasaporte

Una nueva directiva de Afers Socials termina con las pruebas para los menores migrantes que lleguen con un documento válido

Hace varios años que la ONU ha criticado este procedimiento por las consecuencias "traumáticas" que puedan tener

El abogado Albert Parés celebra la decisión: "Hemos tardado cinco años"

Una mujer y un niño, rescatados de una patera del Mediterráneo

Una mujer y un niño, rescatados de una patera del Mediterráneo / El Periódico

Elisenda Colell

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La Generalitat ha dado un primer paso, y muy relevante, para blindar la protección de los menores migrantes que llegan solos, sin familiares, en Catalunya, y requieren de su protección. A partir de ahora, todos los niños que lleguen con pasaporte hasta Catalunya, no deberán someterse a las pruebas de edad, que suele ordenar la fiscalía. Unas pruebas, que hace ya varios años la ONU ha tachado de "innecesarias" y "traumáticas".

Hasta hoy, cuando un menor de edad llegaba a Catalunya, tuviera o no tuviera un pasaporte, se le realizaban unas pruebas médicas que acababan por determinar su edad. Las pruebas, realizadas por los médicos del Instituto Anatómico Forense, eran mayoritariamente encargadas por la Fiscalía de Menores. Este test incluía una revisión de su anatomía y los genitales, pero sobre todo, varias radiografías de la muñeca y los dientes. Las imágenes, que acababan determinando el grosor de los huesos eran contrapuestas con otras que precisamente están basadas en modelos euroasiáticos y no en las anatomías africanas. De esta forma, pues, muchos chicos que tenian un documento acreditativo de su país conforme eran menores de edad, acababan por ser descartados, y por lo tanto, no tenían cobijo en los centros de menores. Sin ir tan lejos, es lo que le ocurrió a Omar, un menor africano que, tras obtener el no de estas pruebas anatómicas y verse viviendo en la calle, acabó por suicidarse en la localidad de Igualada (Anoia).

Terminar con el calvario

La Generalitat, a través de una directriz de la Dirección General de Atenció a la Infancia i l'Adolescència (DGAIA), a la que ha tenido acceso este diario, ha puesto fin a este calvario. "El pasaporte oficial válido, expedido por la autoridad competente que no presente indicios de manipulación y acredite la minoría de edad para el niño o adolescente migrado solo prevalece sobre los datos estimativos de los procedimientos de determinación de edad", expone la directriz 6/2020 con fecha del pasado 11 de diciembre. Una recomendación que, entre otras, viene a aplicar las demandas de la ONU, que desde hace tres años, afea a España usar estos procedimientos para establecer la edad de los menores. La primera vez fue en el 2017, en un dictamen que las consideró "imprecisas" y con "amplios márgenes de error". La resolución alertaba de que pueden causar consecuencias "traumáticas" en los chicos y pedía que cada menor tuviera un representante legal.

"Han tardado cinco años, y después de la lucha en los juzgados, lo hemos conseguido", celebraba ayer el abogado Albert Parés, presidente también de la fundación Noves Vides. Parés fue el primero en ganar un pleito al Govern en el Tribunal Supremo, que hace ya cinco años estipuló lo mismo que asume hoy la Generalitat: que el pasaporte prevale sobre los procedimientos de edad de los menores. Desde entonces, Parés ha llevado a los juzgados cada caso de menores que han sido desinternados por motivos basados en unas pruebas fisiológicas que inducen a error.

El reto: la mayoría de edad

Según los datos oficiales de la Generalitat, en octubre de este año el Govern acogía 1.896 menores migrantes solos. Más de la mitad tienen 17 años, y un tercio de ellos habían llegado a España a lo largo del 2020. El problema ahora está en cuanto cumplen la mayoría de edad, que aún tener permiso de residencia temporal, por haber estado tutelado, no pueden acceder a un permiso de trabajo. Muchos, además, pierden el derecho a residir en España cuando deben renovar la documentación y no pueden demostrar disponer de ingresos similares a los 2.000 euros al mes.