El Consejo de Europa urge a España a poner el foco en todas las formas de violencia machista

Seis años después de la ratificación por parte de España del Convenio de Estambul, el primer instrumento vinculante a nivel intergubernamental para combatir la violencia machista, el camino recorrido sigue siendo muy insuficiente. Pese a la “sólida” agenda política puesta en marcha por el gobierno español desde la adopción de la ley orgánica del 2004 sobre medidas contra la violencia de género, el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica del Consejo de Europa (GREVIO) alerta, en un informe que se hace público este miércoles, de que España se concentra “exclusivamente” en la violencia ejercida por la pareja en detrimento de otras formas de violencia como la violencia sexual, el acoso sexual, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina o la esterilización forzada.

“En ausencia de políticas integrales y holísticas para abordar tales formas de violencia, las diferentes respuestas regionales dan lugar a diferentes prácticas institucionales que no ofrecen un enfoque consistente centrado en las víctimas”, advierten los expertos en el primer informe que evalúa la aplicación del Convenio de Estambul. Y es que, pese a las medidas de coordinación adoptadas, dado que las competencias en prevención y lucha contra la violencia contra la mujer son compartidas -entre gobierno central y autonómicos- existen diferencias en el alcance de la legislación, la prestación de servicios y la financiación asignada en las distintas comunidades autónomas.

"No se garantizan niveles comparables de protección y apoyo" en particular respecto a otras formas de violencia machista fuera del hogar. “Muy pocas” ofrecen servicios especializados para víctimas de agresión sexual y violación y hay todavía “menos servicios especializados de apoyo” para mujeres en riesgo de sufrir matrimonio forzado, mutilación genital femenina, acoso y esterilización o aborto forzado, alerta el informe que recomienda a las autoridades españolas un refuerzo del marco legal, la mejora de los servicios de apoyo en todas las CC.AA. –en particular garantizando acceso a alojamiento para las víctimas- así como el uso y dedicación de recursos adecuados. 

Preocupación por las violaciones grupales

El informe, que evalúa la situación hasta marzo de 2020, ve con preocupación el aumento de las violaciones grupales en los últimos años y el hecho de que se cometan sobre menores y por menores. Pese a la revisión del código penal en marcha, critican la excesiva duración de los procesos judiciales, la exclusión de pruebas forenses recolectadas sin orden judicial así como el elevado umbral exigido para probar que ha existido una violación, lo que puede resultar en una “revictimización de las victimas y contribuir a condenas más bajas”. 

En este terreno, los expertos insisten en garantizar “la existencia de un delito de violación firmemente arraigado en la falta de consentimiento que sea operativo en la práctica y aplicado efectivamente por las fuerzas del orden, las fiscalías y el poder judicial” para garantizar sanciones apropiadas para todos los actos de naturaleza sexual sin el consentimiento de la víctima, incluso en ausencia de resistencia de la víctima y cuando las circunstancias del caso impidan un consentimiento válido. 

Menores víctimas de violencia machista

En cuanto a las medidas legales para garantizar la seguridad de mujeres y menores víctimas de violencia machista, el informe denuncia “deficiencias” en la implementación que dan como resultado la concesión de custodias compartidas y amplios derechos de visita a personas condenadas que, con frecuencia, se mantienen a pesar de las evidencias de abusos aportadas por niños o profesionales. “El personal de los puntos de encuentro familiar así como los jueces a menudo parecen juzgar mal las situaciones de abuso o desconocer las dinámicas de género de la violencia de la pareja así como el impacto en los niños de presenciar el abuso de sus madres y el uso de la custodia y los regímenes de vista por padres violentos para continuar con el abuso”, critican.

También ven con preocupación el poder otorgado a los tribunales españoles en la esterilización de personas legalmente incapacitadas, particularmente mujeres con discapacidad. “Se debe hacer más para garantizar que se respeten los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad ofreciéndoles la gama completa de opciones de control de la natalidad sin recurrir a medidas invasivas y permanentes como la esterilización”, apunta el informe que también recomienda que los procedimientos de asilo permitan identificar potenciales víctimas de violencia sexual entre las solicitantes de protección internacional.

De los 47 países del Consejo Europeo de Europa, 34 han ratificado el convenio de Estambul y otros 12 lo han firmado. España lo firmó en mayo de 2011 y lo ratificó en abril de 2014. Según la respuestas aportadas por el Gobierno al documento, que destaca el papel pionero de la legislación española, los esfuerzos de recolección de datos y el trabajo de sensibilización pública a través de los medios de comunicación, España tiene el “firme compromiso” de “seguir progresando en la erradicación de la violencia de género”.

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