El Congreso aprueba acabar con las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad

La norma verá la luz, previsiblemente, antes de diciembre al contar con un amplio consenso

El colectivo avisa que estas prácticas provocan una "mayor exposición a la violencia y el abuso"

Dos personas con discapacidad trabajando en un albergue de Barcelona.

Dos personas con discapacidad trabajando en un albergue de Barcelona. / RICARD CUGAT

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Patricia Martín

Una de las reivindicaciones históricas del colectivo de personas con discapacidad, el fin de las esterilizaciones forzosas de personas incapacitadas juridicialmente, está cada vez más cerca. El Congreso ha aprobado este jueves una proposición de ley que modifica el Código Penal con el fin de ilegalizar estas prácticas, que en la  última década se han aplicado a más de un millar de mujeres con discapacidad en España.

Una vez respaldada por la Cámara baja, la propuesta volverá al Senado, donde los grupos tienen un mes para presentar enmiendas, si bien es probable que no lo hagan o que los retoques sean mínimos, dado que la proposición de ley fue presentada en la Cámara alta por Ciudadanos en enero y aprobada allí por una amplia mayoría. Por ello, el colectivo de personas con discapacidad espera que la norma vea definitivamente la luz antes de diciembre.

La ley recoge el texto impulsado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Cermi Mujeres, quienes se hicieron eco de la petición del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que en marzo del 2019 instó a España a desterrar de la legislación la esterilización no consentida de personas incapacitadas judicialmente. Asimismo, el Comité de Bioética, órgano consultivo del Gobierno, hizo una recomendación en este sentido, con el fin de que estas personas gocen de los mismos derechos que el resto.

Más de 1.000 afectadas desde el 2005

Según el Cermi, en torno a 1.000 mujeres han sido esterilizadas desde el 2005, si bien no hay datos concluyentes puesto que las cifras proporcionadas por el Poder Judicial sobre procedimientos abiertos no permiten conocer el final de los mismos ni el sexo de los demandantes.

Las esterilizaciones no consentidas se aplican porque, en muchas ocasiones, desde el entorno sociosanitario se aconseja adoptar esta medida o incluso se exige para que mujeres y adolescentes accedan al centro. Así, normalmente se practican durante la primera menstruación, cuando la mujer alcanza la mayoría de edad o tras el nacimiento de su primer hijo. Si bien, “lo único que provocan es una mayor exposición a la violencia y al abuso, porque el entorno más próximo conoce que no va a haber posibilidad de embarazo”, sostiene Ana Peláez, de Cermi Mujeres.  

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La vulneración de los derechos reproductivos

Por todo ello, el Cermi considera que con la aprobación de la ley en el Congreso “el activismo de las mujeres con discapacidad ha logrado un hito” al finiquitar con una práctica que “vulnera los derechos reproductivos” de las personas con discapacidad y “cercena también sus derechos civiles y políticos”.