Los médicos, en pie de guerra contra la posibilidad de contratar a facultativos sin el MIR

Las principales organizaciones médicas llevan años solicitando al Gobierno una adecuada planificación de recursos humanos dado que, aunque España es uno de los países con mayor tasa de facultativos de la UE, hay escasez en algunas especialidades y regiones y se atisba una gran ola de jubilaciones. Además, para reforzar los hospitales y centros de salud cara a la segunda ola de covid, propusieron la contratación de hasta 12.000 profesionales, entre jubilados y licenciados sin el MIR, para que, de forma “excepcional”, realicen el triaje telefónico, el rastreo de contactos o tareas burocráticas que ahora recaen en los médicos de familia y contribuyen al colapso en los centros de salud.

Si bien, se han encontrado con que esta semana el Gobierno ha aprobado un real decreto que permite la contratación de hasta 10.000 médicos extracomunitarios, sin la formación sanitaria especializa, o licenciados que no obtuvieran una plaza para cursar el MIR, necesario para ejercer en España, en la pasada convocatoria. Pero les permite “ejercer funciones propias de su especialidad”.

El texto autoriza además el traslado de profesionales entre hospitales y centros de salud y entre unas especialidades y otras, dentro de un mismo centro sanitario, para poder hacer frente a la pandemia.

Duras críticas de los facultativos

Pero ambas posibilidades han sido consideradas “intolerables” e “inadmisibles” por parte de los principales colectivos médicos, que han mostrado su “total oposición” al decreto y han exigido al Gobierno su retirada inmediata. De no ser así, irán a la huelga, a lo largo de este mes. “Es la peor normativa en los últimos años, por eso ha unido a la profesión, porque atenta contra nosotros y contra los usuarios”, resume Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM).

De entrada, los facultativos opinan que el decreto “deslegitima” y “devalúa” el sistema de formación especializada, que goza de gran prestigio internacional. Además, se dará “la gran paradoja” de que “coexistirán” los residentes de primer año, supervisados por un tutor y sin poder firmar informes de alta, con los médicos contratados sin la residencia terminada, con el permiso para realizar y firmar todo tipo de informes. “Donde queda la igualdad de oportunidades ante el mismo mérito (o incluso superior) y capacidad”, se pregunta la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria Semfyc.

La movilidad “forzosa merma la calidad”

Asimismo, el Foro de la Profesión Médica -que agrupa a la Organización Médica Colegial (OMC), a la Federación de Asociaciones Científico Médicas (FACME), a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina y al Consejo Estatal de Estudiantes (CEEM)- considera que la movilidad forzosa entre distintos niveles asistenciales y especialidades, “merma la calidad y la seguridad asistencial de los pacientes” y “somete a los profesionales a un estrés innecesario, que pone en peligro su salud y seguridad jurídica”. “No todo vale. No cualquier médico puede realizar la actividad de un médico de familia o pediatra del mismo modo que no cualquier médico puede ser contratado en el hospital como cardiólogo, neumólogo o cirujano”, señala el Foro de Médicos de Atención Primaria.

Dicho colectivo considera que, para quitar presión a los ambulatorios, la respuesta pasa por “desburocratizar” las consultas para que los profesionales sanitarios tengan más tiempo para realizar la valoración clínica y el seguimiento de los pacientes.

Vigilancia ante la homologación de títulos extracomunitarios

Y, respecto a la posibilidad de contratar a facultativos extracomunitarios, la OMC avisa de que estará “vigilante” en torno al proceso de homologación, que “tiene que ser igual de garantista que en el resto de países europeos”. El problema de las homologaciones “exprés”, avisó el presidente de la OMC, Serafín Romero, esta semana, es que les abre las “puertas de Europa” y muchos aprovechan la certificación española para trabajar en otros países, donde también hay gran necesidad de recursos humanos y les ofrecen mejores condiciones laborales. Según datos del CSIF, de los últimos 700 extracomunitarios con título homologado, sólo se han quedado en España unos 200.

En esta situación, dicho sindicato, el mayoritario en las administraciones públicas, reclama al Ministerio de Sanidad una reunión urgente donde se aclare qué funciones van a ejercer los nuevos contratados, cómo serán sus condiciones laborales y la movilidad forzosa.

A mismo tiempo, CESM se va a reunir con los partidos políticos, para intentar que el decreto cambie cuando tenga que ser convalidado por el Congreso.

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