Clausurado un club cannábico por vender a menores

Los clubs cannábicos no pueden vender marihuana. Ni mucho menos pueden vendérsela a menores de edad. Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat han clausurado una asociación y han detenido a sus tres responsables por hacer ambas cosas. Son hombres de nacionalidad española, colombiana y malinesa que tienen entre 20 y 52 años. Dos de los sospechosos son padre e hijo. 

La investigación que ha finalizado en estos tres arrestos y el cierre cautelar del local comenzó cuando agentes de la policía local sorprendieron a un menor de edad con varias bolsas de marihuana y acabaron deduciendo que las había comprado en un club cannábico del barrio de Pubilla Cases de L’Hospitalet. Informaron a los Mossos y arrancó entonces una vigilancia de la asociación, consistente en registrar a usuarios que abandonaban el local. El dispositivo acabó demostrando que varios de ellos lo hacían con cannabis en el bolsillo. Algo que no está permitido.

Los clubs cannábicos deberían funcionar únicamente como lugares a los cuales sus socios –que están adecuadamente registrados– acuden para fumar marihuana. Se basa en la colectivización del autoconsumo, lo único que no está perseguido penalmente por el Código Penal. Sobre el papel, esto significa que los miembros de una sociedad pagan una cantidad y a cambio pueden acudir al local a fumar la parte que les corresponda. Pero no pueden comprar cannabis, no pueden sacar la droga del local y los menores no pueden formar parte del club. Son condiciones básicas que las propias asociaciones recogen en su manual de buenas prácticas. Durante la investigación de este centro de L'Hospitalet, la policía catalana ha denunciado a 14 consumidores que habían sacado droga del local y también ha acreditado que sus responsables también vendían marihuana a personas que no eran socias.

Los clubs cannábicos funcionan con licencia municipal y recibieron el amparo de una ley que aprobó el Parlament de Catalunya. Sin embargo, esta ley fue suspendida por el Tribunal Constitucional, que interpretó que la cámara legislativa catalana invadió competencias del estado al formularla. Desde entonces, no existe marco legal que cobije a los clubs. Y sí, en cambio, instrucciones de la fiscalía cada vez más duras contra su actividad. Los clubs se sienten perseguidos por la policía y esta, a su vez, considera que su existencia en España supone un aliciente para organizaciones criminales extranjeras que, a menudo, las usan para blanquear el dinero que obtienen con el narcotráfico de marihuana.