Interior ordena mejorar los atestados policiales para facilitar desalojos cautelares de ocupas

La secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha distribuido entre la Policía y la Guardia Civil un protocolo de actuación ante las ocupaciones ilegales de inmuebles para "mejorar la respuesta" contra estos delitos, sostienen fuentes del departamento.

El objetivo principal del protocolo es que los agentes policiales que atiendan una denuncia por ocupación ilegal elaboren atestados lo suficientemente completos como para facilitar a la fiscalía y a los jueces de guardia que insten desalojos de los ocupas como medida cautelar. "Si un atestado es flojo, y le falta información, el juez se inclinará por que el asunto denunciado se aclare en un proceso, y no en el momento", explican esas fuentes.

La presión por las dilaciones en la respuesta a este tipo de delitos va a trasladarse cada vez más a los jueces: el protocolo policial se distribuye dos días después de que la Fiscalía General del Estado emitiera una instrucción instando a los fiscales a pedir a los jueces el desalojo como medida cautelar. 

En el ministerio han apreciado un incremento del 5,3% de las denuncias de ocupación llegadas a las fuerzas de seguridad en el primer semestre de este año. No lo consideran una subida "importante ni relevante", si bien sí admiten que "existe una percepción subjetiva de inseguridad en la sociedad, o alarma social".

En este sentido, sostienen fuentes del departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska, "preocupan mucho" los "fenómenos de autodefensa", en alusión a la formación en localidades de Catalunya de patrullas o partidas ciudadanas que se enfrentan a los ocupas.

Cómo proceder

El protocolo de Interior no busca, según las mismas fuentes, "promover desalojos inmediatos", sino acabar con cierta confusión entre los agentes policiales sobre cómo proceder ante casos de ocupación ilegal, y qué datos deben recabar de la víctima y de los vecinos y otros testigos de la usurpación de vivienda o allanamiento de morada para que los informes policiales lleguen a la autoridad judicial lo más completos e inconstestables posible.

La orden fija un itinerario de actuación que aclara qué elementos recoger en el atestado, en qué supuestos proceder al desalojo inmediato y qué información recabar de la víctima para que su denuncia y la actuación posterior sean lo más efectivas posible.

El texto, titulado "Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles", recuerda a los agentes que tanto la primera como la segunda vivienda que el propietario utilice se consideran morada, y por lo tanto el ocupante comete delito de allanamiento. En ese caso, dice la instrucción, los policías podrán desalojar al ocupa, identificarlo e incluso detenerlo sin necesidad de pedir permiso judicial.

Dependerá, no obstante, de lo que continúa siendo el agujero negro legal en este fenómeno: si el delito es o no flagrante. En este sentido, el protocolo se sostiene en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que basa su percepción de la flagrancia en la inmediatez del hecho, la presencia del delincuente y la necesidad urgente de intervención policial.

Las 48 horas

El protocolo trata de acabar con el mito de las 48 horas como periodo a partir del cual es imposible la actuación policial, muy extendido entre los agentes. Era también proceder extendido, admiten fuentes del ministerio, que los agentes atendieran las denuncias por ocupación sin recabar datos suficientes que faciliten la actuación judicial.

El texto del protocolo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se vuelve terminante cuando indica: "Constatada la comisión de un delito de allanamiento, los agentes procederán a la plena identificación de los terceros ocupantes. En todo caso se instruirá el correspondiente atestado por tratarse de un delito que se está cometiendo, debiendo evitar que esta situación se prolongue en el tiempo y produzca mayores efectos". 

Además, el protocolo introduce la novedad de ordenar a los agentes policiales una actitud más proactiva cuando detecten un allanamiento o una usurpación: "En caso de que el propietario, su o representante o titular del derecho no se encuentre en el lugar de los hechos se deben hacer gestiones a través de los vecinos, personal de seguridad, etc., para ponerse en contacto con él y verificar la no autorización de ocupación del inmueble".

Que el dueño denuncie

El protocolo de la Secretaría de Estado de Seguridad trata también de acabar con las situaciones de ausencia de denuncia que eternizan la presencia de ocupas en un inmueble, con los casos ya conocidos de tensión o incluso enfrentamientos entre los vecinos.

Esa degradación de la situación suele tener origen en la ocupación de una vivienda vacía (usurpación y no allanamiento) propiedad de un banco o un fondo de inversión, que tardan en detectar la intrusión y aún más en interponer denuncia que inicie un procedimiento judicial de lanzamiento, mientras los vecinos se ven obligados a soportar al ocupa. 

La orden de Interior obliga a los agentes de las fuerzas de seguridad a buscar al dueño e informarle de que debe denunciar. Ahora la denuncia será menos opcional que "necesaria": "Identificación del propietario del inmueble, informándole que es necesaria la interposición de denuncia por estos hechos, preferentemente en la unidad policial con competencia territorial en la demarcación", dice.

App Alertcops

El protocolo, firmado por el secretario de Estado, Rafael Pérez, informa de que, si no es posible detectar la usurpación en el momento en que se comete, no es posible desalojar el inmueble si no lo acuerda así el juez. Pero sí insta a una labor de investigación más detenida, apreciar daños causados, recoger declaraciones del vecindario y prestar atención a los delitos conexos, como el de defraudación de fluido eléctrico, la extorsión o la amenaza.

Interior modificará la aplicación de móvil Alertcops -que se descarga voluntariamente y permite avisar a las fuerzas de seguridad de delitos in situ e inmediatamente- para añadirle una pestaña nueva y específica para las ocupaciones ilegales, en la que podrán cargase fotos u otras pruebas. La pestaña, sostienen en el ministerio, ayudará precisamente a acreditar la flagrancia del delito.

Así mismo, el protocolo insta a comisarías y cuarteles a realizar labores de investigación preventiva para un mapeo del riesgo de nuevas ocupaciones ilegales y extensión de mafias de la ocupación. Para ello, los agentes policiales deberán recabar la información que puedan proporcionar asociaciones de vecinos, vigilantes privados, agencias inmobiliarias y otras entidades con ojos sobre el sector.

El nuevo protocolo insta a los guardias y policías a informar inmediatamente a los servicios sociales municipales cuando, en su proceder ante un delito de ocupación ilegal, vean "situaciones de verdadera vulnerabilidad entre los ocupantes" para que se les dé una solución habitacional. "No son desalojos sin amparo", aclaran fuentes del ministerio.