Tres de cada cuatro trabajadores en negro han perdido sus ingresos con el covid

Las escenas se han ido repitiendo en barrios de bajos ingresos: muchos vecinos se niegan a hacerse el test. La pandemia del covid ha impactado duramente en lo económico sobre los colectivos más vulnerables. La oenegé Cáritas calcula que, solo en Barcelona, de todos sus ususarios que trabajaban en la economía sumergida, el 73% se ha quedado sin ingresos. "La mayoría de ellos, tras el confinamiento, tratan de trabajar de lo que pueden, intentan conseguir algún ingreso para seguir adelante, necesitan alimentar a sus familias y pagar un techo de forma immediata", cuenta Dessiré García, jefa de proyectos de inserción social en Barcelona. ¿Cuál es, pues, su respuesta ante la posibilidad de un nuevo encierro? "No se pueden confinar, si lo hacen se quedan sin nada y no hay nadie que les pueda ayudar", constata García.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pobreza entre las personas que subsisten principalmente de la economía sumergida se ha disparado hasta el 80%. Para ellas no hay prestaciones por ertes, ni en la mayoría de casos subsidios; muchos dependen de lo que ganan en el mismo día. Trabajadoras del hogar, cuidadoras, manteros, chatarreros, temporeros, ‘manitas’ a domicilio… son algunos de los perfiles que subsisten en lo que popularmente se conoce como la economía sumergida o ‘en negro’. 

Despojados de derechos

Cáritas y Cruz Roja confirman que el perfil mayoritario de estas personas es el de inmigrantes sin documentación. "Son los más invisibles, no tienen otra opción que estos empleos, muchos de ellos viven en condiciones infrahumanas y no tienen acceso al padrón, y por ende, a la tarjeta sanitaria. Los han despojado de cualquier derecho", asume Enric Morist, coordinador de Cruz Roja en Catalunya. Ambas entidades, en estos casos, piden un cambio de la ley de extranjería para que estos cientos de miles de personas -la Generalitat calcula que unas 100.000 en Catalunya- puedan acceder a un contrato de trabajo, que les abra la puerta a los derechos laborales, y sociales.

Otro grueso de personas en esta situación son nacidos aquí. "Sí podrían pedir para acceder a ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada. El problema reside en que los trámites son tan largos, y el colapso ahora mismo de las administraciones es tal que tendrán que esperar varios meses, pero la emergencia les exige ingresos para ahora mismo, no pueden esperar", sostiene García. "En el fondo, el virus recrudece la desigualdad del mundo en el que vivimos, o damos derechos a estas personas, o la desigualdad no solo les pondrá en riesgo a ellos, nos podrá en riesgo a todos", añade.

Los pagos 'en B' empiezan en las empresas

Desde el sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha identifican dos tipos de trabajadores que se ganan la vida ‘en B’. Por un lado, aquellas actividades de jornal, donde diariamente unos capataces reclutan a los trabajadores para blindar a la empresa principal en caso de problemas. Y el pago por los servicios se produce al final de la jornada. Jornaleros en el campo, camareros para una boda o guardaropas un sábado en una discoteca son algunos de los perfiles más habituales, según explica el secretario general de Gestha, José Maria Mollinedo. Al ser completamente ‘en B’, esta es la única vía de ingresos que tienen los migrantes sin permiso de trabajo.

Otro ‘clásico’ de los pagos ‘en B’ es dar un sobresueldo a un trabajador dado de alta, pero por el que se cotiza menos horas. Como un camarero contratado por cuatro horas que acaba trabajando ocho. O un trabajo en el que el autónomo pregunta "con IVA o sin IVA". No obstante, Mollinedo recuerda que todos esos pagos ‘en B’ nacen del fraude de las empresas. "Cuando una empresa paga en B a un trabajador lo hace porque genera dinero negro". Y normalmente ese dinero negro se genera porque la compañía no declara en su contabilidad todos sus ingresos. Con él no solo paga a trabajadores sin declarar, sino también a proveedores -"no suele ser el 100%", matiza Mollinedo- y a su vez lo usa para distribuir dividendos sin pagar por ello peaje fiscal.

No hay un cálculo único sobre cuál es la magnitud de la economía sumergida en España. El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, y la patronal catalana Foment del Treball coinciden en señalar que esta representa al 25% del PIB español. Casas de estudios como Funcas dan una horquilla de entre el 18,5% y el 24,5% del PIB y la Agencia Tributaria hace suya una estimación realizada por el FMI que la sitúa en el 11,2%. El número que sí es constante y sonante son los 15.715 millones de euros en fraude que en el 2019 afloró la Agencia Tributaria; una cifra ligeramente superior a la del año anterior. Según los cálculos de Gestha, esto solo representa cerca del 20% de todo el fraude fiscal que anualmente se produce en España.

Una Inspección de Trabajo "desbordada"

Para aquellos trabajadores con permiso y contrato pero en condiciones más precarias, un test PCR para detectar el coronavirus también puede ser el final de su escueto contrato. "Entiendo que los trabajadores puedan tener miedo, pero para eso está la posibilidad de recurrir el despido o denunciar a la Inspección si les están acosando", afirma la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo SITSS, Ana Ercoreca.

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Pese a esas garantías legales, esta inspectora de Trabajo se reconoce "desbordada" por el volumen de actuaciones y frentes que tiene que controlar este organismo. Las inspecciones en el campo, la atención de denuncias por falta de medidas de prevención por el coronavirus, el control de los ertes… Todo ello a cargo de una plantilla de 1.866 efectivos; lo que deja una ratio de menos de un inspector por cada 10.000 trabajadores en activo. Los propios inspectores reclaman protocolos de prevención específico para su colectivo, pues se quejan de que no tienen acceso a pruebas PCR después de realizar intervenciones en centros de trabajo donde se han detectado positivos.

Al fin, son las entidades sociales las que han podido poner rostro a esta realidad, porque durante el confinamiento todas las familias que vivían de estos empleos sin contrato no tuvuieron otra opción que recorrer a los bancos de alimentos. "Estamos hablando de un grupo de personas que no tienen ningún tipo de derechos laborales, no tienen derecho a la baja laboral, y muchos de ellos tampoco pueden acceder a ninguna prestación social, están totalmente desamparados", sostiene Enric Morist. La entidad calcula que, de forma aproximada, este año ha multiplicado por cuatro las personas atendidas que han necesitado alimentarse. "Y la gran mayoría, o un gran grueso de ellos, son personas que trabajaban en la economía sumergida", añade Morist.