El Pla d'Urgell y la Noguera se blindan para frenar otro rebrote

El rebrote del coronavirus en los siete pueblos del Segrià, que hoy se volverán a confinar al fin y que ya ha saldado la vida de cuatro personas, deja algunas lecciones. Primero, que faltan más sanitarios para rastrear al virus. Y segundo, que las empresas frutícolas, sean o no orígen de los rebrotes, han sido sin duda un canal de transmisión de éste. Todo grabado porque muchas personas vulnerables se han acercado a Lleida para buscar un empleo que no han encontrado, viviendo amontonadas y de forma insalubre; o porque muchos de los que se han contagiado no podían permitirse el lujo de encerrarse.

Si bien muchos pueblos del Segrià empiezan a dejar atrás la época de recolección de la fruta más dulce, otros municipios al norte y este de Lleida, hoy menos afectados por el virus, inician este mes la recogida de la pera y la manzana hasta mediados de octubre. Los alcaldes, que se confiesan sin recursos, tratan de hacer los deberes.

Contagios en Balaguer

En el Área Básica Sanitaria de Balaguer (Noguera), la tasa de contagios de coronavirus está en 134 personas por cada 10.000 habitantes. Los registros también han subido en el Pla de l'Urgell, con 3.000 positivos confirmados y 76 casos por 10.000 habitantes. Aún no se aproximan los más de 300 en la ciudad de Lleida o Alcarrás (Segrià), pero hay "preocupación", en palabras del presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn, por el aumento de casos en la zona. La diputación pide que ambas comarcas se puedan incorporar en el plan de coordinación de protección civil, el Procicat, creado ahora para el Segrià, en vistas que se aproxima allí la campaña de la fruta.

Los alcaldes de estos pueblos ya tiemblan, y llevan varias semanas adoptando medidas. Por primera vez muchos municipios han abierto espacios de confinamiento para que los temporeros puedan aislarse y pasar a cuarentena si se infectan.

Es el caso de Golmés (Pla d'Urgell), que ha habilitado una veintena de camas, duchas y aseos en dependencias municipales. Los ocho pueblos con producción frutícola de esta comarca han elaborado un listado de todos los temporeros contratados. Usan el pasaporte, y no el NIF, conscientes de que muchos pagan por usar permisos de trabajo ajenos. "Les hemos pedido a los agricultores y cooperativas que antes de empezar a trabajar ya tengan todos los temporeros contratados y, además, les garanticen una vivienda dentro del pueblo: nada de irse a Mollerussa o a otros municipios, hay que evitar desplazamientos", explica el alcalde, Jordi Calvís.

Prohibido dormir en la calle

Lo que quieren evitar estos pueblos es que se repitan las imagenes de Lleida, Alcarrás o Aitona, en El Segrià, con cientos de personas sin hogar viviendo en la calle o en pisos amontonados, dando tumbos y esperando encontrar un empleo para poder comer. 

"Estoy dispuesto a prohibir que la gente duerma en la calle, deben volver a su lugar habitual de residencia", asume Calvís. Una decisión que comparten la práctica mayoría de los ediles de la zona, como Ramon Cónsola, de Bell-lloc d'Urgell. En este municipio hace ya 20 años que crearon un albergue para los temporeros que trabajaban y no tenían vivienda. Ahora van a habilitar un espacio para confinar los postitivos, pero insiste, que este espacio solo esta previsto para "aquellos que trabajen, que tengan un contrato".

El miedo al brote es real, en parte, por las derivadas económicas que puede traer en esta zona. "Imagínese ahora que cierran una empresa debido a un brote, o bien que confinan a un payés y se debe parar la recolección. ¿Me puede decir de que se alimenta esta familia, si no obtiene ninguna compensación económica?", se pregunta Cónsola. Una duda, que dice "ningún alto cargo" ha sabido aún responderles. La fruta no se puede quedar en el árbol, ni en las plantas de envasado. "Es inasumible para muchas familias", añade el edil.

Los alcaldes, además, dicen "no tener recursos ni información" para hacer frente a un rebrote de tales características y señalan el discurso del alcalde de Alcarràs, Manel Ezquerro. "Necesitamos menos helicópteros y más sanitarios. Y no puede ser que los alcaldes no sepamos dónde ni como viven las personas que se han infectado", lamenta.

"No somos los culpables", dicen los agricultores

Algunas de estas medidas las han tomado los alcaldes junto con las organizaciones agrarias. Es el caso de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), que ha asesorado algunos ediles del Pla d'Urgell y La Noguera. Su presidente, Pere Roquer recuerda que en el Segrià los agricultores han tenido que afrontar gastos no previstos como el pago de cientos de tests PCR para sus plantillas en cuanto se han detectado brotes, además de instalar controles de temperaturas o geles desinfectantes.

"Estamos hartos de que se señale al sector frutícola como si fueramos los culpables del rebrote, nosotros solo estamos detectando lo que está pasando tras la desescalada, que es que el virus se ha expandido, y nos va el pan en ello", insiste.

Es una tesis similar que defiende Manel Simón, presidente de Afrucat, una de la mayor paronal frutícola en Lleida. Afrucat asume que, a pesar que pidieran 30.000 empleadores en la campaña en marzo, al final 20.000 trabajaron "como máximo". "Hemos pagado tests de nuestro bolsillo, hemos puesto geles hidroalcohólicos, hemos hecho protocolos sin que nadie nos dijera nada..." ¿Y cuando un trabajador se debe confinar, al que le suple, le hacen PCR? "Ni Salut ni nadie nos ha obligado a ello", responde.

De momento el Govern ha abierto 34 procedimientos de sanción en empresas frutíciolas del Segrià. Pero quizá la frase más reveladora es la que pronuncia Pere Moraño, propietario de Intergolmés, una empresa frutícola en Golmès. Cada mañana controla la temperatura de sus trabajadores, ha hecho turnos para evitar contagios, usa gel hidroalcoholicos a menudo, y teme por su bolsillo. "Yo no sé si lo hago mal, o lo hago bien: hago lo que puedo. Y como nos cierren, nos vamos a la ruina".

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