01 jun 2020

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Entrevista a la vicepresidenta para la Transición Ecológica

Teresa Ribera: "La demanda social y política contra el cambio climático se mantiene"

La ministra insiste en desarrollar una fiscalidad flexible, aunque con flexibilidad tras el covid-19

Ribera dice que las ayudas para la automoción previstas son las que impulsan la movilidad eléctrica

Manuel Vilaseró / Sara Ledo

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la sede del ministerio. 

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la sede del ministerio.  / JOSE LUIS ROCA

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (Madrid, 1969), recibe a EL PERIÓDICO después de ser la encargada de coordinar la desescalada y llevar al Congreso de los Diputados la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una norma que prevé sirva de palanca de la reconstrucción para el país tras la crisis del covid-19. 

--El Gobierno ha lanzado el mensaje de que mantiene su apuesta verde al aprobar el proyecto de ley de Cambio Climático. Y no solo eso, sostiene que es una apuesta clave para la reconstrucción, pero durante la anterior crisis, el cambio climático pasó a ser la última prioridad.

Tenemos suficientes lecciones aprendidas como para pensar que la recuperación tenemos que hacerla consolidando las bases del futuro, no anclándonos en lo que ya sabíamos que tenía un recorrido corto. Tengo la impresión de que esto se entiende mucho mejor que hace diez años. Además, sabemos que lo que hace unos años eran soluciones más costosas hoy no lo son. Muchas de las alternativas son más eficientes en precio, más rentables y liberan recursos para otras cosas.

--¿Salen las cuentas? Es clave en este momento

Tenemos mucho que ganar en nuestro país haciendo eso. Sabemos que tenemos tecnología, producción industrial y capacidad de generación de electricidad de otra manera, lo que evitará el coste de importar otro tipo de bienes energéticos. Sabemos que dependemos del turismo lo que significa depender de la naturaleza, de las playas, de la neutralidad climática. Las cuentas salen desde el punto de vista de la solvencia de los puntos fuertes de nuestra economía.

"Tiene que haber una fiscalidad ambiental y la habrá, aunque ahora hay que ser flexibles"

--Pero la oposición juega a la contra.

La demanda social y política de hacer esto son muy grandes. Lo que oigo en los grupos parlamentarios, con excepción de un solo grupo es que se abren al debate energético y nadie niega la realidad de la ciencia con respecto al clima. Tenemos a los jóvenes, a los grupos empresariales...

--Pero esto era antes de la crisis.

Y ahora. Lo mantienen. Estoy segura de que eso se mantiene. El jueves se publicó una carta de personas y representantes de instituciones y empresas muy diferentes remitida al Parlamento poniéndo el énfasis en que la recuperación de la actividad económica en España tiene que ser verde. Entre los firmantes figura mi antecesora, Isabel García Tejerina.

--¿El Gobierno mantiene su apuesta por la fiscalidad verde a pesar de la crisis?

Sí.

--Será complicado defender una tasa a la aviación cuando las aerolíneas piden rescates o la subida famosa al diésel cuando el sector reclama ayudas...

Es importante ser firme y no desviarse de los objetivos pero también ser flexible en la integración y la adaptación de las cosas que hay que hacer. Tiene que haber una fiscalidad ambiental y la habrá, aunque a lo mejor el énfasis que se pone en una cosa u otra puede cambiar en función del momento. ¿Tiene sentido forzar ahora la adopción rápida de un impuesto sobre la aviación? Pues no sé si tiene sentido y si es la prioridad de la reforma fiscal verde. A lo mejor hay otros elementos que hay que integrar antes.

--¿El impuesto al diésel forma parte de esa flexibilidad?

Hacienda lo está valorando y ahora tendrá que cerrar las cuentas, los presupuestos y tendrá que verlo en función de la caída del precio del petróleo y el un compromiso de no introducir más subvenciones a combustibles fósiles salvo por razones sociales.

--En el corto plazo, ¿prevé el Gobierno dar ayudas a los coches diésel y gasolina como pide el sector para salir de esta crisis?

En el corto plazo, lo que tenemos muy avanzado es el paquete de acompañamiento a la movilidad eléctrica. Hay una petición de acompañamiento por parte del sector para coches convencionales e incentivos en la transformación de sus líneas que está estudiando de cerca Industria. Pero en principio, lo que tenemos sobre la mesa es aquello en lo que ya veníamos trabajando.

"Las ayudas al sector de automóvil previstas son las que se dirigen a impulsar la movilidad eléctrica, el resto está en estudio"

--¿Prevé el Gobierno adelantar la inversión en el ámbito renovable, acelerar las subastas?

Nosotros veníamos ordenando este asunto y de repente se nos ha desordenado. Lo primero era que nadie tuviera problemas ni con la factura de la luz, ni con el suministro, ni con nada, ya veríamos después como resolvíamos el paquete. Ahora hay que reordenar. Tenemos que encontrar modelos de negocio para modos de generación que tienen costes operativos bajos pero que tienen que invertir primero; un mercado eléctrico que funcione porque tiene que satisfacer los costes fijos del sistema y un sistema fiscal que oriente las decisiones del consumidor de manera natural hacia la eficiencia y electrificación de usos.

--¿Cuándo?

Son las tres cosas que nos gustaría resolver de manera ordenada este año. Vamos a activar mecanismos que nos permitan resolver este año. Si no llegan por la vía normal tendremos que buscar medidas extraordinarias. Nuestra intención es que a final de año tengamos los tres mecanismos en marcha.

--Entonces, ¿habrá subastas este año?

Confío en que sí, pero no se pueden hacer sin una modificación del sistema de Nadal (Anterior ministro de Energía) porque de lo contrario nos quedaríamos en un sistema complejo, a contracorriente de lo que hacen los países de nuestro entorno, y no conseguiríamos trasladar de forma directa a la factura de la luz los ahorros que ya suponen a día de hoy las renovables.

“El objetivo es tener antes de fin de año un nuevo sistema eléctrico y un sistema fiscal más verde”

--El Gobierno eliminó la obligación de subastar 3.000 megavatios anuales en la redacción de la ley

Tenía poco sentido. Esto nos lo dijo el Consejo de Estado. Nos podemos encontrar con que un año se necesite subastar más y otro año se necesite menos. La apuesta sigue siendo la misma, el Plan Integrado de Energía y Clima es claro y tiene que haber previsibilidad a varios años, pero el mecanismo de calendario no puede estar congelado en una ley.

--La CNMC ha criticado el nuevo mecanismo de subastas

Nos sorprendió mucho esa visión un poco ultraliberal de la CNMC indicando que solo se puede hacer subastas de un único modo, y no puede haber otros valores que ponderen, sobre todo en circunstancias tan justificadas como la necesidad de generar empleo y actividad en zonas en las que se cierran grandes plantas térmicas que han sido la principal fuente de riqueza durante décadas en las comarcas afectadas. Es obvio que las subastas deben capturar el mejor precio, pero puede haber otros valores y bienes públicos que necesiten protección y hacer subastas por tecnología o con elementos de interés social. A nuestro juicio en casos así está plenamente justificado que el Gobierno ofrezca otras referencias en los criterios de adjudicación que modulen el peso del demoro precio.