Coronavirus | Médicos y enfermeras se querellan contra el Gobierno por las mascarillas

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha decidido interponer una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la distribución en centros hospitalarios de mascarillas del tipo FPP2 que resultaron ser defectuosas. De igual modo, el Consejo General de Enfermería de España ha acudido al Supremo para querellarse contra el presidente Pedro Sánchez y contra Illa, además de contra la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública, la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

En concreto, los profesionales sanitarios acusan a Illa de "actuación negligente" del Ministerio, "poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades".

Arumentos de médicos y enfermeras

Según la CESM, la querella se presentará por la "presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores", concretamente por lo dispuesto en el artículo 316 del Código Penal, que persigue a quienes "con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física", y en el artículo 317, para los que cometan dicho delito por "imprudencia grave". Según establece el Código Penal, este tipo penal se castiga con penas de prisión que oscila entre seis meses y tres años, así como multa que va de seis a doce meses.

La querella del sector de la enfermería viene a sumarse a las diferentes actuaciones penales que han ido interponiendo varios Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de toda España: "Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos", argumenta Florentino Pérez Raya, presidente de Consejo General.

En la denuncia presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores, cuya pena es de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses. También se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.