El Gobierno prorroga hasta el 2024 la moratoria de los desahucios hipotecarios

El Gobierno ha aprobado este martes una nueva prorroga de cuatro años, hasta el 2024, de la moratoria para realizar desahucios hipotecarios en las viviendas habituales de ciertos colectivos vulnerables. También ha ampliado el grupo de potenciales beneficiarios a las familias monoparentales con un solo hijo, que se suman a otros hogares como los formados por familias numerosas, con hijos menores de edad, con mayores de 60 años, y con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia o víctima de la violencia de género.

Asimismo, ha establecido que el nivel de ingresos familiares máximo para acogerse a la medida se incrementará en función del número de descendientes y ha determinado que la moratoria será de aplicación sea el demandante o no un banco. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha estimado que, de no haber adoptado estas decisiones, se habrían visto perjudicadas directamente más de 29.000 familias (hasta septiembre del 2017 se habían evitado 27.400 desahucios), además de las que pudieran verse afectadas en el futuro.

"Hasta el 2024, ninguna familia vulnerable será expulsada de su hogar", ha proclamado tras asegurar que, aunque la "recuperación empieza a notarse" en estas familias, todavía es necesario protegerlas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy creó la moratoria en el 2012 y posteriormente la fue ampliando y prorrogando en el 2013, el 2015 y el 2017. El actual plazo vencía el próximo 15 de mayo y por primera vez se ha extendido en cuatro años, como destacó Montero.

Alquileres

La medida fue anunciada este lunes por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos también adelantó que su partido y el PSOE han pactado ampliar el acuerdo de coalición que firmaron hace unos meses para incluir una nueva medida: poner freno a los desahucios por impago del alquiler. Montero ha confirmado que esta iniciativa se incluirá en la prevista reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Iglesias explicó que el objetivo de esta medida será "frenar algunos desahucios por impago del alquiler en zonas de mercado tensionado, especialmente cuando haya fondos buitres implicados". Montero también ha destacado que el Ejecutivo ya adoptó medidas en este ámbito el año pasado para obligar a que los servicios sociales sean notificados previamente de los procesos de desahucios de alquiler y el procedimiento se suspenda, en caso de vulnerabilidad de la familia afectada, durante un mes (o tres meses si el demandante es una persona jurídica) para buscar una solución habitacional.