Colapso en la red catalana de acogida a mujeres maltratadas

Cuando una mujer sufre algún tipo de violencia machista en Catalunya, haya denunciado o no, tiene a su disposición una red de acogida con educadores, trabajadores sociales, psicólogos y viviendas en caso de que ella o sus hijos tengan que abandonar su domicilio si es necesario. El problema es que el alud de casos está provocando largas listas de espera desde hace meses. Los ayuntamientos piden fondos a la Generalitat, la administración competente, y el Govern promete duplicar el número de alojamientos en pocos meses gracias a los fondos que le lleguen procedentes del pacto de Estado.

La primera en dar la señal de alarma fue la escuela. Dos alumnas adolescentes explicaron a sus profesores una situación de control excesiva por parte de su padre. Tras indagar, los docentes se dieron cuenta de que los cuatro hermanos y la madre eran sometidos a palizas y a una presión psicológica brutal por parte del padre. El centro educativo alertó al ayuntamiento, que, en primer lugar y de forma urgente, acogió a la familia en una pensión. El domicilio familiar pertenecía al agresor. Pasaba el pasado mes de junio en Esplugues de Llobregat.

Sin casas para mujeres maltratadas

Ayuntamientos en solitario

"Mientras pagábamos el alojamiento, pedimos a la Generalitat una casa de acogida para esta mujer y sus hijos, estamos hablando de un caso extremo, y muy urgente", explica la alcaldesa de la localidad, Pilar Díaz. Pasaron los días, y el Govern no encontraba ningún sitio. "No hay plazas", fue la única respuesta obtenida de la Unitat d'Actuació de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Conselleria d'Afers Socials. "Al final se desentendieron, nos dijeron que pagáramos nosotros una casa de acogida, que cuesta 9.000 euros al mes", critica la alcaldesa. El caso se resolvió a los pocos días, después de que su partido, el PSC, elevara esta situación hasta el Parlament. 

Es solo una historia que muestra perfectamente con qué se encuentran las mujeres y sus familias sin recursos propios cuando sufren maltrato machista. Lo corrobora otra alcaldesa, Lídia Muñoz, de Sant Feliu de Llobregat, que habla directamente de "grietas en todo el sistema de atención a la víctima". Señala al Servei d'Intervenció Especialitzada de la Generalitat (SIE) de la comarca, que está en su localidad. "Le faltan manos", y sus trabajadoras ya han hecho varias huelgas. Pero también constata la falta de viviendas. "Hemos estado pagando pensiones durante seis meses por valores que superan los 5.000 euros mientras esperaban plaza en una casa de acogida de Afers Socials", se queja. "Estas facturas las tendrá que pagar la Generalitat, estamos asumiendo sus competencias", añade la alcaldesa. Y apunta a la falta de presupuestos y la "parálisis" de la Generalitat como una de las causas de esta problemática. 

De hecho, viendo la situación, el Consell Comarcal del Baix Llobregat se ha propuesto abrir una casa de acogida con fondos que vayan ingresando los consistorios interesados. "No es su competencia, pero algo tendremos que hacer, somos muchos ayuntamientos los afectados", sentencia Muñoz.

Las entidades no dan abasto

Varias entidades sociales que trabajan con estas mujeres y sus hijos confirman la gravedad de la situación. "Nosotros tenemos víctimas esperando desde hace seis meses", confirma Albert Fragi, responsable del programa de familias y infancia de Cáritas, que gestiona una casa para afectadas y un piso de urgencia. La directora general de la Asociación In Via, Carme Laorden, que también administra uno de estos hogares, asegura que constantemente reciben llamadas de los ayuntamientos a la desesperada, y siempre debe dar la misma respuesta: "no hay plazas". Misma explicación que constatan la Fundació Surt, la Associació Prohabitatge, la Asociación Provivienda...

Según estas oenegés, que tienen consorciados los servicios con la administración, el colapso se da por varios motivos. "Cada vez hay más mujeres que denuncian, se detecta más", detalla Laorden. Pero la misma directora subraya que el gran problema es la salida. "Hay mujeres que necesitan mucho tiempo para rehacer su vida, formarse, encontrar un trabajo y poder pagar un alquiler por ellas mismas, a veces con varios hijos a cargo". Y si las mujeres no salen del recurso, no pueden entrar otras.

"La lógica del sistema capitalista que penaliza las mujeres, y más si tienen hijos, no nos ayuda precisamente", señala Laura Macaya, de la Fundació Surt. Y en el caso de las mujeres inmigrantes la situación se complica, básicamente porque muchas de ellas han vivido aisladas con si agresor y ni tienen papeles, ni conocen la lengua. "En tres años no podemos hacer milagros, pero no vamos a poder dejar a nadie en la calle", señala la coordinadora de Provivienda en Catalunya, Fermina Gómez. Ellos gestionan pisos de acogida que dependen de Barcelona, y ven que el aumento de casos provoca que cada vez la administración sea más rígida con el tiempo de estancia de las mujeres.

Pero no solo notan la tensión las casas de acogida y los pisos de inserción. "Nos gustaría poder dar visitas con más frecuencia de las que podemos dar, la demanda es muy alta y nos vemos obligadas a espaciarlas mucho más, y esto afecta también a la recuperación de la víctima", señala Gemma Altell, responsable de la comisión de atención a mujeres del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Se refiere, especialmente a la red de recursos y atención especializada, que cuenta con ocho centros ambulatorios en toda Catalunya de la Generalitat y con los servicios de decenas de municipales. 

Afers Socials se compromete con más recursos

La Generalitat es consciente de la situación. "El sistema está tensionado", apunta el secretario de Afers Socials, Francesc Iglesias, que sitúa la lista de espera en 30 familias (mujeres con sus hijos) durante tres meses. Este año han podido abrir dos casas de acogida, y dice tener a punto las licitaciones para 10 más, que deberían abrir a principios del 2020. De ser así, Catalunya pasaría de tener ocho casas de acogida para 20 familias a ofrecer 20 para 40. 

"En un escenario de presupuestos prorrogados es difícil resolver esta situación", justifica el secretario. Y de hecho explica que parte de esta inversión se ha podido hacer con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. "Estos fondos son esenciales", explica Iglesias. Por su parte, el Institut Català de les Dones se limita a responder, en un comunicado, que este año han aumentado la inversión para el Servicio de Información y Atención a las Mujeres, presente en los municipios, con 500.000 euros y constatan el aumento de casos detectados gracias al sistema de atención, con más personal y mejor formados.

"Los políticos se llenan la boca sobre el acompañamiento a la víctima, pero la realidad es que nosotros necesitamos muchísimos más recursos", se queja Fragi. "Nosotros también hemos oído siempre muchos compromisos, pero la realidad es que los ayuntamientos estamos en solitario, otra vez", sentencia la alcaldesa de Sant Feliu. Mientras tanto, las mujeres y sus hijos siguen aguardando en pensiones municipales, un recurso, que según los profesionales consultados, "no es el más adecuado para su recuperación".