Opinión | Editorial
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Sin casas para mujeres maltratadas
Ante el incumplimiento del Govern, los consistorios asumen buena parte de la atención a las víctimas
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Hay consenso político en la batalla contra la violencia machista. Sin duda, uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad. Entre todos los ámbitos de actuación, la protección de las víctimas es el objetivo prioritario, irrenunciable. Para aquellas mujeres que no tienen medios socioeconómicos para su subsistencia, resultan imprescindibles los recursos destinados a su acogida (y a la de sus hijos). Es vital ofrecerles un entorno seguro y una atención en diferentes campos, desde el ámbito legal, hasta el psicológico y financiero. En la ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (art. 19 LOMPIVG 1/2004, de 28 de diciembre) se recoge el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género «a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integra». También se define que la organización de tales servicios recaerá en las comunidades autónomas y las corporaciones locales. A pesar de ello, la red catalana de acogida a mujeres maltratadas está colapsada.
Frente a una demanda de auxilio que no deja de crecer, en Catalunya faltan casas de acogida para víctimas del maltrato y, básicamente, faltan recursos. Ante el incumplimiento del Govern, los ayuntamientos están asumiendo buena parte del coste de atención, pero la lista de espera es una triste realidad. La Generalitat no niega el problema y promete duplicar el número de alojamiento cuando lleguen los fondos procedentes del pacto de Estado. Pero, ¿es asumible esa espera?
Los estudios realizados a nivel internacional y nacional evidencian que los centros de acogida mejoran la salud mental de las mujeres maltratadas, previenen su revictimización y mejoran su acceso a los recursos. Hablamos de un servicio básico para afrontar su futuro. Al fin, es una cuestión de prioridades en las partidas presupuestarias. La elección conforma la ideología de un gobierno y su compromiso con la sociedad. Cuesta entender que la protección de las víctimas más vulnerables no sea un asunto prioritario.
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