14 ago 2020

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INICIATIVA PIONERA EN ESPAÑA

El impuesto catalán al CO2 de los vehículos se empezará a pagar en mayo

El nuevo tributo encara la tramitación final tras superar el recurso ante el TC y graves dificultades técnicas

El lobi del motor intenta frenar la implantación a última hora aunque apenas afectará a nuevas matriculaciones

Manuel Vilaseró

Atasco en el acceso a Barcelona por la Diagonal.

Atasco en el acceso a Barcelona por la Diagonal. / FERRAN NADEU

Catalunya sí ha dado un paso al frente. Será la primera comunidad autónoma en implantar un impuesto al carbono, en este caso específicamente destinado a la automoción. Si todo sale según lo previsto, entrará en vigor el próximo 31 de diciembre y comportará el pago de una cuota anual por cada vehículo, tanto los nuevos como los ya existentes, en función de su nivel de emisiones. El primer año solo pagarán los que emitan más de 120 gramos de COpor kilómetro. El segundo el listón se bajará a 95. El primer recibo, el correspondiente al 2019, llegará a los titulares de los vehículos el próximo mayo.

Su complicada puesta en marcha ilustra muy bien las dificultades técnicas y políticas a las que se enfrentan este tipo de iniciativas. Incluida en la ley de cambio climático catalana aprobada por el Parlament en el 2017, primero fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy por invasión de las competencias estatales. Tras casi dos años en el congelador, el TC le dio plena validez el pasado 20 de junio.

Sin datos de los más antiguos

Desde entonces la Agència Tributaria de Catalunya ha tenido que sortear varias dificultades técnicas, la principal de ellas, la falta de fichas técnicas en la base de datos de la DGT en las que figuren las emisiones de los vehículos más antiguos. Con la ayuda del Centro de Supercomputación de Barcelona se han establecido unos complejos baremos cuya incorporación a la ley ha requerido una modificación que aún está en fase de anteproyecto y debe volver a ser aprobada por el Consell Executiu y el Parlament.

El último obstáculo en el camino lo ha puesto el todopoderoso lobi del sector del automóvil. Las patronales Anfac, Faconauto y Fecavem, apoyadas por Foment del Treball y el Col.legi de Gestors Administratius, emitieron el pasado miércoles un comunicado en el que aseguran que la entrada en vigor del impuesto podría causar una reducción de las matriculaciones en Catalunya.

Eximir a los nuevos durante 4 o 5 años

Aunque los firmantes se muestran "comprometidos con la reducción de emisiones de CO2 y con el objetivo de descarbonización del parque de la Unión Europea", argumentan que la aplicación del impuesto solo en Catalunya puede desplazar la matriculación de vehículos nuevos a otros territorios, especialmente los que adquieren las empresas de 'renting'. Su propuesta es que se exima del impuesto a los vehículos nuevos durante cuatro o cinco años.  

El impuesto no peca, sin embargo, precisamente de una gran ambición y afectará muy poco a los coches nuevos. Las cuotas a pagar serán bajas. A un vehículo que emita, por ejemplo, 170 gramos por kilómetro, muy contaminante, el recibo le saldrá por 32 euros el primer año y 65,5 los siguientes. Hay que tener en cuenta que el 68% de los vehículos matriculados en España en el 2018  emitían menos de 121 gramos.

Dos fondos verdes

El nuevo tributo catalán se ajusta a uno de los modelos de impuesto al carbono que preconizan las expertos.  La mitad de la recaudación irá destinada a un Fondo Climático que financiaría medidas para lucha contra el calentamiento global, y la otra mitad, a un Fondo de Patrimonio Natural. El primer año se prevé alcanzar unos ingresos de 90 millones de euros.