El fiscal acusa a 58 miembros de una red de narcopisos de Barcelona

La Fiscalía de Barcelona reclama hasta ocho años y medio de cárcel para 58 presuntos integrantes de una red de narcopisos vinculada a una mafia dominicana desarticulada en el distrito barcelonés de Ciutat Vella el 29 de octubre del año pasado y que controlaban una cuarentena de viviendas ocupadas donde se vendía y consumía droga. En la operación bautizada como Bacar participaron 700 agentes de los Mossos d'Esquadra y 180 de la Guardia Urbana. 

La acusación pública atribuye a los implicados en la trama un delito de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y, en algún caso, tenencia de armas prohibidas. La red, según apunta la fiscalía, estaba formada por varios grupos, con una estructura jerarquizada y un reparto de papeles, que gestionaban varios narcopisos donde, al menos entre febrero y octubre del 2018, se vendía cocaína, crack, heroína y MDMA, además de hachís y marihuana.

El "elevado provecho económico" producto de ese comercio ilegal (en ocasiones se obligaba al comprador a comsumir la droga en el piso) se compartía "según las reglas de reparto convenidas" en función del "protagonismo criminal" de cada uno de los componentes de la organización. Los acusados, según el ministerio público, "conformaron" así "un entramado dedicado a ocupar ilícitamente pusos y locales" de Ciutat Vella, donde contaban con "trabajadores" en distintos turnos que cubrían las 24 horas del día y que se encargaban de la venta de las sustancias estupefacientres o de ir a buscarlas en pequeñas cantidades para evitar su localización si se practicaba una entrada y registro.

Estructura organizada

En un "nivel superior", según la fiscalía, se hallaban los "responsables" de los narcopisos que controlaban "la cantidad y necesidad de la droga en cada momento" en el inmueble, informaban a sus jefes y daban ordenes. Estas personas, además, llevaban la contabilidad de las "ganancias económicas" y se las hacían llegar a sus "superiores". Por encima suyo estaban los "jefes de domicilios"  que tenían la función de recaudar el dinero por la venta de la droga, resolver conflictos que pidieran surgir en los locales y buscar nuevas fincas para ocuparlas.

La acusación también acusa a los "suministradores" de las sustancias, a los que considera "parte ensencial" de la trama. Estos implicados conseguían la mercancía y las preparaban o cocinaban para que estuvieran listas para el consumo. Los sospechosos formaban parte de "células o grupos" que se relacionaban entre sí, de manera que no se trataba de una "estructura estanca, sino movible". También hacían servir medidas de contravigilancia para no ser descubiertos.

Para dar las oportunas instrucciones, los "jefes de domicilios" mantenían "continuo contacto telefónico" con el resto de los miembros del "colectivo". El fiscal precisa que todos los sospechosos se "mostraban muy cautelosos a la hora de mantener conversaciones telefónicas" al referirse a las actividades ilícitas que tenían entre manos, evitando dar datos que pudieran comprometerles y utilizando términos claves para aludir a los distintos tipos de droga: "blanca", "blando", "perico" o "cocacolas" por la cocaína; "marrón", "negro", "cerveza", "café" o "tostada" para la heroína, o "duro", "tronchi" o "cronchi" para hablar del crack.