El Defensor del Pueblo avisa de que el sistema de acogida a refugiados en España es "claramente insuficiente"

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, considera que el sistema de acogida de solicitantes de protección internacional es, a pesar de los esfuerzos realizados, "claramente insuficiente" y muestra "especial preocupación" ante esta situación.

La institución estima que en 2018 "tan solo" se había aumentado la capacidad de acogida para solicitantes de protección internacional en 8.440 personas, mientras que sólo en el año pasado unas 54.000 personas han formulado nueva solicitud de protección internacional.

Así lo entiende de una de las respuestas remitidas por la Administración, aunque también precisa que le ha sido imposible conocer el número de plazas de acogida efectivamente existentes para atender a refugiados, una información que considera de "capital importancia" para responder a las múltiples quejas por demoras en el acceso a una plaza.

Todo ello lo pone de manifiesto en el Informe Anual de 2018, presentado este martes 11 de junio, el mismo día que la Iglesia de Madrid ha registrado una queja en dependencias del organismo para denunciar la desatención de varias decenas de personas solicitantes de protección internacional a las que se ha dejado "literalmente en la calle".

De hecho, el Defensor ha recordado este martes que durante 2018 no se han adoptado las medidas de choque necesarias para evitar que, en varios momentos del año, un número significativo de estas personas pudiera acceder a un recurso residencial adecuado a su situación.

Entre ellas se encuentran, según reseña, aquellas que no pueden acceder al sistema de acogida porque no consiguen cita para formular sus solicitudes y las que, una vez agotados todos los plazos previstos, aún no tienen resuelta su solicitud de protección internacional, a pesar de haber transcurrido el plazo legalmente previsto.

A juicio del organismo, el reparto de competencias en materia de protección internacional entre los ministerios del Interior y de Trabajo y Migraciones necesita de una actuación urgente para mejorar las carencias de coordinación apreciadas.

"COLAPSO PROGRESIVO" DEL SISTEMA

El Defensor del Pueblo viene alertando de la situación en la que se encuentra el sistema de acogida español para personas solicitantes de protección internacional desde 2015. Así, en el informe monográfico presentado en 2016 sobre la situación del asilo en España se alertó del "colapso progresivo". "El sistema no fue capaz de generar nuevasplazas a la velocidad que requería la cantidad de nuevas solicitudes que se formulaban", añade.

El sistema español de acogida para solicitantes de protección internacional cuenta con 416 plazas gestionadas directamente por la Administración, en los cuatro centros de acogida a refugiados (CAR) adscritos al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Además, apunta que, en la práctica, los centros de estancia temporal para inmigrantes (CETI) situados en Ceuta y Melilla, titularidad del mismo departamento ministerial, se han convertido en "improvisados" centros de acogida para refugiados, "a pesar de no cumplir con los requisitos previstos en la normativa".

Según el Defensor, la Administración ha optado por no ampliar su capacidad y delegar en ONG la acogida y atención. En 2018, se destinaron 249,6 millones de euros a la convocatoria de subvenciones para la acogida y el desarrollo de itinerarios de integración para personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional. Adicionalmente, se destinaron 16 millones de euros destinados a proyectos de empleo que se desarrollan a lo largo del itinerario. La institución solicitó información para conocer si este sistema ha generado las plazas suficientes y concluyó que no es así.

Por otro lado, el Defensor confía en que las medidas adoptadas durante este año en la Oficina de Asilo y Refugio para dotarla de más medios materiales y personales permitan a medio plazo solventar la situación en la que se encontraba este organismo.

Finalmente, recalca que las "numerosas" quejas recibidas durante 2018 relacionadas con el acceso al sistema se centran mayoritariamente en Madrid, aunque hay problemas similares en otras provincias. También detecta dificultades de acceso a la protección internacional en la llegada en pateras y en el CIE de Aluche (Madrid). Además, manifiesta especial interés en garantizar el acceso a los solicitantes menores de edad.