25 oct 2020

Ir a contenido

FRAUDE UNIVERSITARIO

Detenido un catedrático por desviar fondos de la Universidad de Cádiz para una mansión

La Policía estima que tanto él como su pareja, también profesora, podrían haberse apropiado de 730.000 euros destinados a proyectos de investigación

Julia Camacho

La Universidad de Cádiz es uno de los siete nuevos centros españoles en entrar en la clasificación mundial.

La Universidad de Cádiz es uno de los siete nuevos centros españoles en entrar en la clasificación mundial. / EL PERIÓDICO

La elevada cantidad de facturas que la Universidad de Cádiz recibía de empresas que nada tenían que ver con lo académico fue lo que permitió descubrir el fraude de uno de sus catedráticos, que estaba desviando fondos destinados a investigación científica para construirse su propia mansión de lujo en la urbanización de Vistahermosa, una de las zonas más exclusivas de El Puerto de Santa María. La Policía Nacional ha detenido al catedrático y a su mujer, también profesora universitaria, por apropiarse de al menos 730.000 euros, así como a los cuatro empresarios de la construcción y equipamiento de hogar que manipularon las facturas. Otras dos personas están también siendo investigadas, pero no han sido arrestadas.

Según explican fuentes policiales, los cabecillas de la trama eran los dos profesores, que “se valieron de su cargo como responsables de las correspondientes aéreas para gestionar, en su beneficio y en el de terceros, ayudas económicas asignadas a proyectos y trabajos de investigación que finalmente fueron desviadas a fines ajenos”. Junto a los empresarios, están siendo investigados por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental. Alguno de ellos ya contaba con antecedentes policiales y judiciales por delitos similares. La operación continúa abierta y se estudian minuciosamente otras partidas presupuestarias de fondos públicos de la Universidad de Cádiz que pasaron por manos de la pareja detenida, y que también podrían haber sido desviadas con fines particulares. Los agentes sospechan que el importe final defraudado “podría incluso superar el millón de euros”.

Denuncia de la propia Universidad

La investigación se inició en octubre de 2017 tras la denuncia del propio centro educativo, que detectó un crecimiento “inusual” del volumen de facturación de un grupo de empresarios de Sanlúcar de Barrameda como proveedores de servicios tanto de la Universidad como de la Fundación Universidad Empresa de Cádiz (Fueca). Las primeras pesquisas permitieron comprobar que eran empresas dedicadas al sector inmobiliario, tanto de la construcción y la fontanería hasta la decoración y el equipamiento, y que el dinero desviado había acabado financiando “la construcción de una lujosa vivienda particular” en Vistahermosa equipada con tecnología de última generación.

La investigación puso el foco de inmediato en los dos profesores, el catedrático y su esposa, que contaron con la ayuda de al menos cuatro empresarios que habrían facturado sus servicios a la Universidad “modificando convenientemente los conceptos para aparentar servicios relacionados con los proyectos de investigación” a los que estaban destinados esos fondos usados.

Subvenciones públicas y privadas

Así, la Universidad se presenta como la principal perjudicada por cuanto habría abonado los pagos en la creencia de que correspondían a “servicios, trabajos, actividades, e investigaciones relacionadas con el ámbito universitario” que, sin embargo, “nunca llegaron a materializarse”. Al parecer, el matrimonio se habría aprovechado de subvenciones públicas y privadas de carácter tanto nacional como internacional. La investigación de la unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional permitió además descubrir que se llegaron a defraudar también unos 30.000 euros en fondos de la Universidad de Jaén.

En la operación se han registrado las dos viviendas que posee el matrimonio de funcionarios públicos de la Universidad en El Puerto, donde los agentes se han incautado de numerosa documentación y equipos informáticos relacionados con la causa investigada. Por orden judicial se ha ordenado la anotación preventiva de embargo de dichos inmuebles como medida cautelar y para garantizar la posible responsabilidad pecuniaria de los principales investigados.