El Govern descarta la rebaja universal del 30% de las tasas universitarias

Tal y como está la cosa política, reducir el coste de las tasas universitarias es imposible. Como lo es invertir más en infraestructuras, la construcción de nuevos hospitales, la ampliación de funcionarios de la educación pública. Es lo que tiene la prórroga presupuestaria, que no permite salirse de la línea que marquen las últimas cuentas aprobadas, las del 2018. A pesar de ello, el Govern sí parece tener un plan para rebajar las matrículas, aunque no de forma universal, sino siguiendo la estela iniciada el año pasado, por tramos de renta familiar. Pero siempre y cuando el Parlament tenga a bien aprobar los números que permiten que Catalunya tire adelante.

El secretario de Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, tuvo a bien el lunes reunir a la prensa para, durante dos sesudas horas, radiografiar el estado actual de su negociado. Versó sobre la necesidad de ampliar la inversión en conocimiento -tanto pública como privada- para situarnos al nivel de las regiones punteras de Europa que están por encima del 3% (Catalunya está en el 1,47%); ahondó en la obligación de lograr algo más equidad social en el acceso a los estudios superiores (anunció 9,5 millones en en becas-salario para el próximo curso que beneficiarán a cerca de 2.000 alumnos), y avanzó la intención de la Generalitat de impulsar una ley de ciencia que prevé tener lista antes de terminar el año.

Tres años de reivindicación

Lo que más afecta a los estudiantes es sin duda el montante que deben pagar para poder estudiar. La historia nos lleva al 2016, cuando rectores y alumnos se unen para reclamar una rebaja del 30% de la tasa y una revisión estructural del sistema de becas. Entonces llegó incluso a reclamarse que la universidad catalana sea totalmente gratuita en un plazo de 10 años. Vaya por delante, por aquello de poner algo de contexto, que Catalunya está en el tramo europeo más alto de precios en esta materia. El año pasado ya se aplicó una rebaja en las rentas familiares más bajas y la intención es abordar ahora las rentas medias, de hasta 50.000 euros anuales. Grau avanzó que, siempre y cuando se aprueben los presupuestos del 2019, cosa que a día de hoy parece más que improbable, se destinarían 15 de los 72 millones que su negociado prevé ganar respecto a las cuentas del 2018. La reducción del 30% podría ser efectiva en tres años siempre y cuando en ese plazo se consiga destinar a esta partida un total de 60 millones de euros.

La demanda ya ha pasado por el Parlament en tres ocasiones y se ha aprobado en todos los casos. La última vez, el pasado 7 de febrero y a petición de En Comú Podem. Los partidos que forman el Govern se abstuvieron, mientras que el resto de fuerzas votaron a favor. El mismo texto reclamaba recuperar la inversión en universidades previa a los recortes de principios de década. Difícil empresa, ya que en el 2009 se destinaban 922 euros (récord absoluto) y en el 2018 no se llegó a 800. Sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se está impulsando para regular por ley la rebaja de las tasas universitarias en un 30%, Grau afirmó que "no es una rebaja correcta porque sigue facilitando la desigualdad en el acceso".