El Gobierno estudiará endurecer la pena por agresión sexual

El Consejo de Ministros que este viernes se celebrará en Barcelona tendrá encima de la mesa uno de los asuntos que más expectación despierta desde el resurgir del movimiento feminista en España, escenificado con la gran movilización que se vivió el pasado 8 de marzo: la reforma de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal para adecuarla a una perspectiva de género del siglo XXI.

La Sección de Penal de la Comisión de Codificación, resucitada por el exministro de Justicia Rafael Catalá para atajar las protestas que suscitó la sentencia de La Manadasentencia de La Manada, propone al Ejecutivo en su dictamen que desaparezcan los abusos para que cualquier ataque a la libertad sexual de un individuo se considere agresión, como ya adelantó EL PERIÓDICO. De esta forma queda neutralizada la principal crítica que suscitó la resolución navarra que imponía nueve años de cárcel a los cinco acusados: que considerara abuso y no violación el ataque sufrido por una joven durante los San Fermines de 2016.

Entre 3 y 15 años de cárcel

En el dictamen de los expertos que este viernes será estudiado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez se propone que en su modalidad más grave las agresiones se penen con hasta 15 años de prisión, como ocurre actualmente, pero también que los casos más leves de los hasta ahora considerados abusos vean aumentado su castigo de uno a tres años de cárcel, con lo que la franja a imponer oscilará entre los tres y los cinco años. También quieren que desaparezca la posibilidad de que se castiguen con multas.

La propuesta de los 28 catedráticos, magistrados, fiscales y abogados que componen la Sección de Penal de la Comisión de Codificación, a la que hubo que incorporar a 15 mujeres tras el escándalo que supuso saber que los llamados a revisar los delitos sexuales eran todos hombres y la mayoría próximos a la edad de jubilación, pasa por que haya un único capítulo en el Código Penal relativo a las agresiones sexuales, no los dos actualmente existentes para diferenciar la agresión del abuso, ya que dejaría de tener sentido si todos los ataques a la libertad sexual son agresión.

Ello supone también que la comisión, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, ha optado por el texto más innovador de los dos que barajaba, el más apartado de la redacción actual del texto punitivo. La modulación de la pena de las agresiones sexuales vendrá determinada por dos factores: en qué consistió el ataque y cómo se realizó. Para ello, como parece lógico, será determinante si hubo o no violencia, si se cometió por un grupo o por un individuo y si fue con o sin penetración.

Con la reforma que proponen los expertos el castigo más leve previsto para el "que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona" dejará de ser castigado con pena de "prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses" para pasar a una franja que se iniciará justo en los tres años de cárcel y concluirá en los cinco, y en la que dejará de ser posible que la prisión sea sustituida por sanción económica.