Open Arms denuncia un nuevo paso en la criminalización del salvamento en mar

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Proactiva Open Arms ha denunciado hoy la "criminalización" del salvamento en el mar, después de que la Fiscalía de Ragusa (Italia) confirmase ayer delitos contra la organización por favorecer la inmigración ilegal y violencia privada por daños hacia el Ministerio del interior italiano.

Open Arms ha criticado en un comunicado que "la criminalización de las organizaciones humanitarias" tiene el objetivo de "eliminar todos los testimonios incómodos que señalan las violaciones de los derechos humanos en el mar Mediterráneo".

La organización también ha denunciado "el silencio" respecto a las "violaciones sistemáticas de las convenciones internacionales a las que los Estados están suscritos".

También ha destacado la sorpresa de verse "acusados de no devolver a los migrantes a manos libias" cuando instituciones como las Naciones Unidas han denunciado la "violencia y los abusos" de ese país.

La Fiscalía de Ragusa (Italia) ha notificado hoy el cierre de la investigación preliminar, ha confirmado los delitos por favorecer la inmigración ilegal y ha añadido el de violencia contra la jefa de misión de la ONG catalana Proactiva Open Arms, Ana Isabel Montes, y el capitán del barco, Marc Reig.

La investigación comenzó a principios de año, tras el rescate por parte del barco de Open Arms de 218 inmigrantes en el Mediterráneo central y su negativa de entregarlos a la Guardia Costera de Libia ni de atracar en un puerto maltés.

La fiscalía confirma el delito de favorecer "la entrada en territorio italiano de 216 ciudadanos extracomunitarios".

En abril de este año, el juez instructor de Ragusa, Giovanni Giampiccolo, ordenó liberar al barco de la ONG y rechazó la orden de incautación confirmada el 27 de marzo por la fiscalía de Ragusa.

Mientras, la investigación continuó para los dos miembros de Open Arms.

En aquel auto, el juez motivaba su decisión al afirmar que "no existe un puerto seguro en Libia" y que prueba de ello es "el persistente cuadro político interno y conflictivo, a pesar del reconocimiento internacional al gobierno de Fayez al Serraj".