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PISOS TURISTICOS

Unos propietarios no logran que se expediente su piso realquilado ilegalmente

La inquilina ofrece y anuncia alojamiento para turistas en una vivienda no autorizada

Según el ayuntamiento, no hay pruebas de que haya un apartamento vacacional

Felipe Valenzuela

Fachada del edificio en la calle de Roger de Flor, en Barcelona

Fachada del edificio en la calle de Roger de Flor, en Barcelona / RICARD CUGAT

"Apartamento completamente reformado en la tercera planta de un edificio de 120 años, típico de Gràcia". Así se anuncia un piso turístico en Airbnb en la calle de Roger de Flor, en Barcelona. A priori, todo perfecto pero la vivienda no es ni propiedad de la arrendetaria, ni cuenta con licencia para alquilarlo y tampoco con el consentimiento de los propietarios. El apartamento pertenece a Enric Cabré-Verdiell, quien junto a su mujer decidió arrendarlo hace casi tres años a una chica australiana. "Los vecinos nos alertaron de que habia mucho movimiento de gente con maletas y al final buscando encontramos el piso en Airbnb", explica Cabré-Verdiell. La situación aún empeora más, el Ayuntamiento de Barcelona tiene constancia de la problemática.

El consistorio anunció el pasado lunes que había entregado a Airbnb una lista con 1.000 pisos turísticos sin licencia para ser retirados, una solución que está lejos de ser efectiva. Los propietarios del inmueble afirman que fueron al ayuntamiento para denunciar la situación pero según el gobierno de Colau no hayaron pruebas de que hubiese ningún piso turístico, por lo tanto el inmueble de Cabré-Verdiell se suma a una posible lista de apartamentos vacacionales ilegales que no son detectados por la administración municipal.

Sin ayuda del ayuntamiento

"Sabemos que la multa nos caerá a nosotros -explican los propietarios- Fuimos al consistorio y les explicamos la situación. Dos meses después nos informaron de que se habían presentado en la vivienda y que no constaba que hubiese ningún piso turístico". El intento de alerta al menos les ha servido para resguardarse en caso de sanción. "Ahora tenemos una prueba de que ya hemos denunciado", afirman.

Según el Ayuntamiento de Barcelona no hay pruebas de que se trate de un piso turístico ilegal

Según los dueños del piso, el ayuntamiento preguntó a los vecinos del bloque si habían notado actividad inusual, pero no obtuvieron nada. A pesar de todo, el inmueble, que lleva activo desde febrero del 2017 y tiene más de 80 valoraciones, sigue publicado en el portal web. "Tenemos familia en el edificio y nos dicen que sigue entrando y saliendo gente diferente", relatan.

Indefensos ante esta situación

Los propietarios están desesperados. Lo único que quieren es ponerse en contacto con la plataforma después de que el ayuntamiento no aportase soluciones, pero solo encuentran trabas. "El número que conseguimos nos remitió a Madrid, y solo sirve para usuarios de la plataforma", explican. Cabré-Verdiell lleva su inmueble a través de una administradora de fincas. "La agencia avisó a la inquilina de que lo que hace está prohibido y ella aseguraba que ya no lo hacía. Hace nada le enviamos un burofax con una imagen del anuncio aún publicado", afirman.

La historia con la inquilina ya es complicada de por sí. Después de varios meses sin pagar, los propietarios se vieron obligados a denunciarla con un desahucio. Al final, abonó la cantidad necesaria y ahora "paga religiosamente", según los propietarios. "Sabe que si la volvemos a denunciar ahora ya no importa si paga o no porque se tendrá que ir. El problema está en que ya sabemos cómo consigue el dinero", relata Cabré-Verdiell. En el anuncio, la inquilina prohibe fiestas pero viernes, sábado y domingo son "más flexibles", ya que "también disfrutan de la vida nocturna de Barcelona".

"Es Airbnb quienes deberían ser más rigurosos con los pisos que anuncian en su web -se quejan los propietarios-. Salen en los medios asegurando que pidens escrituras de propiedad, pero es mentira". Según Cabré-Verdiell, los vecinos del bloque no están contentos. "No queremos sacarla mientras pague, pero no tiene permiso. No podemos hablar con nadie", concluyen los propietarios.

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