PRESTACIÓN CONTRA LA EXCLUSIÓN
Renta (poco) garantizada
La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), presentada como el logro estrella de la anterior legislatura del Parlament de Catalunya y que pretendía auxiliar a familias en riesgo de exclusión, está demostrando que está poco garantizada a juzgar por el escaso número de nuevos beneficiarios y la elevada cifra de casos denegados. Desde septiembre, ocho meses después de la implantación, solo se han aprobado 1.500 nuevas solicitudes, según los datos facilitados por la Conselleria de Treball en la última reunión con la comisión promotora de la RGC.
La lentitud en la tramitación (solo se han resuelto el 5% de las peticiones), las altas denegaciones, "la aplicación poco generosa de ley" y la reiterada petición de documentación ya aportada por los solicitantes, son algunas críticas realizadas por partidos políticos, entidades sociales y representantes de la Comisión Promotora de la Renta. Los colectivos están alarmados por la situación. Además, han denunciado que se están rechazando ayudas a sintecho y a mujeres víctimas de violencia machista que están en un recurso residencial.
Las Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), conscientes de los problemas, han elaborado un informe denunciando anomalías y proponiendo soluciones. El estudio se entregará en los próximos días a la Generalitat. Sonia Fuertes, presidenta de ECAS, ha reclamado que la renta sea complementaria con los salarios bajos . Y, sobre todo, que las entidades sociales tengan un papel destacado y "en la tramitación, evaluación y seguimiento de los casos", ha señalado.
Papel mojado
Cáritas, una de las entidades que ha participado en la redacción del informe, ha asegurado que "tenemos pistas suficientes" para saber que la implantación no funciona. Y ha criticado "la aplicación restrictiva y deficiente" de una renta que su día fue motivo de esperanza para muchas familias.
Para Raúl Moreno, portavoz de Políticas Sociales del grupo socialista del Parlament, la demora en la resolución de las solicitudes "está a punto de convertir la principal prestación social del país en papel mojado". Moreno ha explicado que se deniegan peticiones alegando "que el interesado ha trabajado una semana en los 6 últimos meses". La ley es clara: una de las condiciones para pedir la renta es tener insuficiencia de ingresos medio año antes de tramitarla.
El portavoz de la Comisión Promotora de la Renta, Diosdado Toledano, ha criticado "el altísimo número de denegaciones" y que las cifras facilitadas por Treball "no encajan con la realidad". También ha lamentado "el impago por silencio administrativo positivo". La 'conselleria' ha apelado a que la constitución del Govern agilizará los trámites. Por último, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha reclamado al nuevo ejecutivo que "se ponga a trabajar con urgencia en el desarrollo completo de la ley" y reclama que se concrete el papel que deben tener las entidades.
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