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REACCIONES A UNA POLÉMICA SENTENCIA

La sentencia de 'La manada' abre una brecha entre la justicia y los ciudadanos

Las asociaciones de fiscales y jueces cierran filas con el tribunal mientras miles de personas rechazan el fallo judicial

Las organizaciones profesionales lamentan la "facilidad" con que se desprecia la labor de la judicatura

J. G. Albalat

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. / EFE / VICTOR LERENA

La sentencia contra los cinco miembros de 'la Manada' por abuso sexual y no por violación está abriendo una brecha entre la justicia y los ciudadanos. Miles de personas han mostrado en la calle (32.000 personas esta sábado en Pamplona) y han ventilado en las redes sociales su indignación y rechazo al fallo judicial dictado por la Audiencia de Navarra sobre el ataque sufrido por la joven en los Sanfermines del 2016. Jueces y fiscales han criticado de forma individual los argumentos utilizados por el tribunal, pero sus asociaciones profesionales están cerrando filas con los magistrados que condenaron a nueve años de prisión a los acusados, frente a los 22 años solicitados en el juicio por la acusación pública.

La mayoría de los abogados, jueces y fiscales disconformes con la sentencia coinciden en reclamar una mayor formación de los magistrados en los delitos contra la mujer, e incluso una selección más rigurosa a la hora de otorgarles la plaza. La mayoría, pero no todos, también ven necesaria una reforma del Código Penal como la que estudiará el Gobierno, encaminada a tipificar como agresión y no como un simple abuso conductas como los condenados. Los procesados obligaron a la muchacha a hacerles felaciones y la penetraron por el ano y la vagina.

Piden respeto

La Asociación de Fiscales se ha añadido este sábado a otras organizaciones judiciales como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente y ha exigido  "todo el respeto" a las resoluciones judiciales, "aunque no se compartan", ya que "constituyen un pilar fundamental del Estado de derecho y de la democracia". En un comunicado, la asociación sostiene que la "ley prevé un sistema de recursos" para "hacer valer” las discrepancias" con las decisiones judiciales.

La organización profesional destaca que los fiscales son "profesionales independientes no sometidos a otro imperio que el de la legalidad y cuya labor se basa en la defensa de los derechos de la sociedad y, muy especialmente, de las víctimas".  La asociación lamenta la "facilidad" con que, en tantas ocasiones, "se desprecia la labor de los jueces y fiscales, se realizan juicios paralelos,  se tiene la tentación de legislar a golpe de noticia, se realizan manifestaciones carentes de rigor" y "se produce la intromisión en la labor jurisdiccional de representantes políticos e institucionales".

"Críticas hasta el insulto"

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia, por su parte, sostiene que "el respeto a la ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los tribunales en cada caso concreto es fundamento de un Estado de derecho y de una sociedad civilizada que resuelve sus conflictos conforme a las reglas que se ha dado". Esta cuestión, argumenta, es "perfectamente compatible" con la "critica válida y constructiva a las resoluciones judiciales, pero nada aportan las críticas que descalifican hasta el insulto".

En opinión de este colectivo, la sentencia objeto de "furibunda y exacerbada crítica" se ha dictado "tras un proceso regido por los principios constitucionales de publicidad, defensa y contradicción", se ha redactado tras "previo e intenso debate deliberativo" y está "sobradamente" motivada. La asociación destaca que "la crítica pública y razonada" a las resoluciones judiciales "es deseable en el marco de una sociedad libre". "Pero observamos con estupor declaraciones de responsables políticos carentes del más mínimo respeto institucional a nuestra legislación y a nuestros tribunales". Insiste que las reformas del Código Penal deben tratarse en el Parlamento " bajo un "sosegado debate público y transparente".

Discrepancia manifiesta

Pocas veces se ha visto una discrepancia tan manifiesta entre una resolución judicial y la opinión ciudadana, que se ha manifestado categórica y masivamente contra la sentencia. Los jueces de la Audiencia de Navarra han sacado a la gente a la calle. Las redes sociales arden de indignación. Las plataformas feministas piden cambios: culturales y en el Código Penal. Si es un punto de inflexión está por verse, pero la percepción de la justicia ha quedado bastante tocada. Los jueces van por un lado, la calle por el otro.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sostuvo el viernes que cuando las críticas a las sentencieas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan  responsabilidades públicas "se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales".

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