La renta garantizada, en el limbo

Tarde y mal. Estas dos palabras son las que definen el cobro de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). La prestación que debía comenzar a cobrarse el pasado 15 de septiembre tiene más de 40.000 expedientes pendientes de resolución o denegados con argumentos "injustos". Diosdado Toledano, portavoz de la Comisión Promotora de la Renta, ha asegurado este martes en Barcelona que el porcentaje de expedientes rechazados "es muy alto", lo que a su juicio resulta "inexplicable". La situación es tan preocupante que las entidades han reclamado que se revisen todos los expedientes denegados. La Conselleria de Treball ha rebatido los datos cuantitativos y cualitativos.

La ley que contempla la prestación fue aprobada por el Parlament el pasado julio por unanimidad y con más de cuatro años de demora desde que los promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) presentaran en la Cámara catalana en el 2013 un total de 121.191 firmas reclamando esta ayuda. El subsidio, que oscila entre un mínimo de 564 y un máximo de 1.062 euros mensuales según los miembros de la unidad familiar, se aprobó con retraso y ahora también se pretende pagar con demora. La normativa prevé que en el año 2020 se puedan beneficiar unos 68.000 hogares. La ayuda tiene como objetivo intentar paliar los efectos de la pobreza severa.

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Situaciones desesperadas

Toledano ha asegurado este martes que han recibido "centenares de quejas" de ciudadanos en "situaciones desesperadas". Ha calificado estos hechos de "violencia social" y de "escandalosos" y ha anunciado movilizaciones, entre las que no se descarta una huelga de hambre indefinida. Más de medio centenar de entidades sociales y ciudadanas respaldan las protestas.

Ha denunciado Toledano que no hay información oficial y que la Conselleria de Treball, de quien depende la prestación, "se niega a dar datos, vulnerando así la ley de transparencia". Toledano ha reconocido que la situación "es muy grave".

La Administración ha utilizado argumentos variopintos para no reconocer la prestación y Toledano los achaca a la "voluntad de recortar", lo mismo que sucedió en el 2011 con la revisión de la renta mínima de inserción (RMI), el antiguo PIRMI. En algunos casos se les deniega sin argumentar el por qué, "generando indefensión en el solicitante, que además no puede presentar recurso porque no sabe contra qué", ha señalado.

A algunos beneficiarios se les ha negado la renta basándose en razones "injustas". También se han detectado negativas cuando ya ha vencido el plazo que tiene la Administración para emitir un fallo (silencio positivo). Muchos solicitantes se han quejado además del "maltrato" que han recibido a la hora de solicitarla. Las gestiones las realiza el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Toledano argumenta que el personal que las tramita carece de formación suficiente, sufren"precariedad laboral" y en el plazo de cinco meses "han recibido más de 60 modificaciones en las instrucciones".

La multitud de las reclamaciones ha provocado que la comisión de la renta haya puesto en marcha un servicio de asesoría jurídica y facilitar además los formularios para presentar recursos. Las peticiones pueden remitirse a: asesoriargc@gmail.com. A miembros de colectivos especialmente vulnerables como los sintecho o las familias monoparentales se les ha denegado este derecho. 

Respaldo de los ayuntamientos

La comisión ha entregado este martes una carta en el Parlament para reclamar que se adopten las medidas necesarias para cumplir la ley y que se abonen "inmediatamente" las solicitudes que tienen silencio positivo. La reclamación a la Cámara catalana está firmada por 50 entidades y los ayuntamientos de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Boi de Llobregat, entre otros.

Los promotores han solicitado también el respaldo del Síndic de Greuges en una reunión que mantuvieron la semana pasada para explicarle "los graves incumplimientos" de la ley. La sindicatura les reconoció que había recibido solicitudes, tanto individuales como de entidades, reclamando su intervención. 

La Conselleria de Treball de la Generalitat ha negado este martes las afirmaciones y los datos facilitados por los promotores de la renta porque, a su juicio, "contienen una importante falta de rigor". Según un portavoz del departamento, no es cierto que 40.000 personas estén pendientes de respuesta y argumentan que solo hay 12.337 peticiones que no se han resuelto, "todas dentro del plazo establecido por la ley". La 'conselleria' ha indicado además que mantienen periódicamente reuniones con las entidades.