INICIATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN
Atención a la víctima: la cara humana de la justicia
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
Teresa (nombre ficticio) tiene 34 años y hace tres que su entonces su pareja quiso matarla con una catana. Pudo escapar y la intervención de unos vecinos evitó que el hombre cumpliera su propósito. De repente, esta mujer se vio inmersa en la maraña y la rigidez judicial. Estaba perdida. Tenía miedo. No sabía qué hacer, ni cómo actuar. Acudió a la oficina de atención a la víctima del delito de la Generalitat y allí le asesoraron y le ofrecieron apoyo psicológico. "Estaba muy vulnerable. Me explicaron cómo funciona el sistema judicial. Cuanto más sabía, más tranquila estaba. El día del juicio también me acompañaron. Compartes tu miedo", asegura. Como reconoce un técnico de este servicio ellos aportan "la cara humana" de la administración de justicia.
Esta atención directa a la víctima se ofrecía hasta ahora en Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona y Tortosa. A partir del próximo 3 de abril, la Conselleria de Justícia amplía el radio de acción a cualquier punto del territorio catalán. Para ello, ha contratado a 46 profesionales, que se suman a los 29 que ya trabajaban en el servicio. Muchos de los casos que atienden son de mujeres que han sufrido violencia machista, pero también han tratado a personas que han padecido agresiones sexuales o robos con intimidación.
El día que Teresa apareció en la oficina de atención a la víctima de Barcelona, ubicada en la Ciutat de la Justícia, encontró un rayo de esperanza. Su pareja la había intentado asesinar. "Cogió una catana y se fue hacia mí", recuerda. El hombre le propinó un golpe en la cabeza (necesitó varios puntos de sutura) y en la muñeca, donde le cortó los tendones. Tras escapar de la vivienda, su agresor la cogió del pelo. No le soltaba. Ella empezó a gritar y a su auxilio acudieron unos vecinos. Uno de ellos, fue a por unas tijeras para cortarle un mechón y así la mujer pudo zafarse de su pareja. "Me salvó la vida", asegura. Después supo que la persona con la que había convivido padecía una enfermedad mental. "Ahora valoro mucho la vida", sostiene esta mujer
Saber para decidir
Los técnicos del servicio de atención a la víctima informaron a Teresa sobre cómo funciona el sistema judicial. "Quería saberlo todo para poder decidir", explica. Todavía no se le han borrado de la cabeza los ojos del juez. Era una situación extraña para ella. Eso sí, con la ayuda del asesor logró que su madre estuviera en su declaración. Al cabo de unos meses, los expertos la prepararon para el juicio y el día fijado para la vista la acompañaron para darle tranquilidad y evitar que se encontrara con su agresor. Pasado ese trago, esta mujer ha continuado visitando la oficina por el apoyo psicológico que le aporta. "Lo que me pasó nunca se olvida", reconoce. Teresa tuvo que dejar su vivienda, pero ha rehecho su vida.
Teresa tiene 34 años y recurrió a los servicios de la oficina después de que su pareja intentara asesinarla con una catana.
Josep Maria Güell es educador social y es uno de los técnicos que trabajan en ese servicio. "Las personas que acuden a nosotros están perdidas, no solo porque desconocen el sistema judicial, sino también por la situación que viven. Sobre todo, tienen miedo e intentamos minimizarlo. Hacen preguntas como: '¿Qué pasará con mi denuncia?' '¿Habrá represalias?' '¿El juez me creerá?' Incluso, podemos actuar antes de la presentación de la denuncia", afirma.
El día del juicio, los trabajadores de la oficina conducen a la víctima, si es necesario, por circuitos alternativos a los habituales con el objetivo de evitar que se tope con el acusado. También gestionan que los afectados puedan esperar en unas salas y no tengan que permanecer en los pasillos con el público en general. Si se requiere, llegan a negociar con el tribunal medidas de protección visual para que el imputado no cruce mirada alguna con el perjudicado y este pueda declarar con comodidad y tranquilidad. Un sistema es la instalación de mamparas. Además, a las víctimas se les dan pautas de comportamiento y consejos de cómo deben declarar. En definitiva, se intenta paliar lo máximo posible el impacto que ocasiona un juicio. Si es preciso se ayuda con ejercicios de respiración o relajación. "Yo utilizo mucho la ironía o el sentido del humor para sacar presión", resalta Güell.
Personas más vulnerables
La secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, Patricia Gomà, considera que el servicio de atención a la víctima "hace la justicia más humana para las personas más vulnerables". En su opinión, "la mejor manera de acercar la Justicia al ciudadano es estar al lado de las víctimas". La directora de Ejecución Penal, Pilar Heras, incide en que el objetivo es "evitar al máximo el sufrimiento de las víctimas y que puedan declarar en las mejores condiciones posibles".
El Estatuto de la Victima, en vigor desde el 2015, regula la atención que deben tener los afectados por cualquier tipo de delito. Por lo tanto, pueden acudir a la oficina de atención a las víctimas de cualquier delito que, por sus condiciones de vulnerabilidad física o psicológica, necesiten que se las acompañe durante el proceso judicial. Esta medida la puede proponer el mismo perjudicado, sus familiares, el abogado, el juez o los propios técnicos.
El Estatuto de la Víctima regula la atención a las personas que han sufrido un delito
La ampliación de la atención a la víctima que a patir del 3 de abril dará cobertura a los ciudadanos de cualquier rincón de Catalunya se ha realizado a través de una adjudicación, mediante concurso público, a la empresa de interés social Intress, por un periodo de 15 meses y por un importe de 1,9 millones de euros.
Esta iniciativa supone también reforzar la presencia de profesionales que asesoren y ayuden psicológicamente a las víctimas de violencia machista. Estos trabajadores recogeran las necesidades emocionales, de vivienda, sobre los hijos o de otras ayudas de las víctimas, independientemente de si se concede o no una orden de protección. Estas oficinas es, además, el punto de coordinación de estas medidas.
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