el debate sobre la enseñanza

La comunidad educativa anuncia nuevas protestas contra la LOMCE

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María Jesús Ibáñez

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Visto que la mesa que tenía encomendado negociar el tan anhelado Pacto de Estado de Educación ha quedado reducida a mínimos, con la sola presencia del PP y Ciudadanos (que no tienen mayoría) y las dudas del PNV, la comunidad educativa quiere que, pase lo que pase, ahora se priorice la derogación de la LOMCE, la polémica ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Las bases están sentadas, recuerdan, desde que el pleno del Congreso aprobara, en abril del 2016, de una proposición de ley, que prevé frenar el despliegue de la ley educativa del PP e iniciar la redacción de una nueva.

Los profesores, las familias de alumnos, los estudiantes, los movimientos de renovación pedagógica y las asociaciones vinculadas a la escuela inclusiva, a la infantil..., hasta una veintena de entidades participantes el pasado jueves en unas jornadas organizadas por el Foro de Sevilla, consideran que "hay que volver a movilizarse, a salir a la calle, para exigir su fin", clamó Francisco García Suárez, responsable de Educación en CCOO. "Han conseguido que, durante el año y pico que han estado negociando, se pararan las protestas, porque según nos decían el pacto de Estado iba a ser la solución... Ahora es el momento de volver a ser contundente", apostilló Sandra Villa, de la Marea por la Educación Pública.

Hay alternativas

La proposición de ley socialista para redactar una ley educativa de consenso -en su momento contó con el apoyo de todos los grupos del Congreso, salvo el del PP, que votó en contra, y el de Ciudadanos, que se abstuvo- puede tener un punto de partida claro: el documento de bases coordinado por el Foro de Sevilla, "fruto de un proceso de diálogo, que empezó siendo un texto de 14 folios y que ahora ya ha llegado al medio centenar gracias a las aportaciones de distintos colectivos", explica Carmen Rodríguez, profesora en la facultad de Educación de la Universidad de Málaga y miembro de la junta permanente del colectivo.

"Intenta ser un texto amplio y de consenso, que presta atención, entre otras cosas, a asuntos que la LOMCE olvida, como la formación del profesorado o la educación infantil, y que aboga por una escuela democrática, inclusiva y sin los actuales problemas de segregación por razón de origen socioeconómico", prosigue Rodríguez. Así, por ejemplo, la propuesta prevé que "para que el nivel de inversión [que fija en el 7% del PIB] quede asegurado ante los cambios de signo político debería quedar recogido como suelo del gasto en educación en una futura Constitución".

"Quizás CCOO no lo comparta al 100%, o quizás tampoco la Ceapa, la confederación española de asociaciones de padres de alumnos, lo haga enteramente suyo, pero consideramos que es una buena alternativa sobre la que basarse", esgrime la profesora. 

Mientras tanto, protesta Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, "el PP y sus aliados de C's han presentado hasta 46 vetos a la tramitación de la proposición de ley".

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