Japón, el país que da la espalda a los refugiados

Edurne Morillo

Mehriban Dursun, una veinteañera kurda, lleva tres meses detenida en Tokio. Llegó al país hace 16 años con su familia y su solicitud de asilo jamás fue aprobada, como la gran mayoría de las 20.000 personas que pidieron refugio en Japón en 2017.

A pesar de ser uno de los países más desarrollados del mundo, Japón ha ganado notoriedad en los últimos años por su negativa a aceptar la llegada de refugiados, una situación que las ONG locales definen como una "violación de los derechos humanos".

"Japón tiene una política expresa en contra de los refugiados. No entiendo por qué estamos tan atrasados, ¿de qué tienen miedo?", se lamenta el abogado tokiota Takeshi Ohashi, dedicado a asistir a los solicitantes de asilo, durante una conferencia en el Club de Prensa Extranjera de Tokio (FCCJ).

Su labor es atender casos como los de Dursun, que fue arrestada después de que las autoridades locales se negaran a seguir renovando su visado de residencia temporal, lo que le empujó a la ilegalidad y a terminar en un centro de detención de inmigrantes, según denuncia su madre.

"Mi hija llegó a Japón cuando tenía apenas seis años. Hace once meses se casó con un solicitante de asilo kurdo y después fue arrestada sin motivo", explica la madre de Dursun, Hartije Toma, quien define la situación en los centros de inmigración como "inhumana".

Las peticiones de asilo en Japón se han multiplicado durante los últimos años hasta alcanzar las 20.000 de 2017, mientras que el número de solicitudes aprobadas no ha dejado de caer y se situó el año pasado en sólo 20 (un 0,2 por ciento), según datos del Ministerio de Justicia nipón.

En 2012, de 2.545 personas que pidieron asilo en Japón, 18 lo recibieron -un 0,8 por ciento-, un porcentaje que ha caído en los años siguientes hasta el 0,3 y el 0,2 por ciento, lo que se traduce en 110 estatus de refugiado otorgados en un período de seis años, detalla la misma fuente.

Para las organizaciones japonesas a favor de los refugiados, lo verdaderamente grave es la "arbitrariedad con la que se producen las detenciones" y también el hecho de que muchas de estas personas inician una nueva vida en el país asiático sin saber cuándo serán expulsados.

"La ley en Japón permite que las autoridades de inmigración detengan a los residentes extranjeros que se encuentran bajo una orden de deportación, lo que no establece es durante cuánto tiempo", denuncia la organización tokiota Amigos de los Inmigrantes Detenidos (SYI).

Familias separadas por detenciones indefinidas y condiciones sanitarias "inhumanas" son algunas de las situaciones de las que acusan al Gobierno nipón. Esto, y la pasividad de la sociedad japonesa, según señala un informe de SYI.

Para la voluntaria Sayaka Iwakawa, lo verdaderamente grave es la circunstancia en la que se enfrentan los hijos de esos refugiados que, ante la detención de alguno de sus padres, deben empezar a trabajar a muy temprana edad y de forma irregular, y en el caso de permanecer en la escuela, sufren acoso escolar por parte de sus compañeros.

"Los niños tienen que trabajar con apenas 10 o 11 años para ayudar a sus familias y en el caso de las niñas, la mayoría terminan por casarse muy jóvenes", explica Iwakawa a Efe, que trabaja con inmigrantes y refugiados en zonas periféricas de Tokio como Kawaguchi o Warabi, este último conocido como "Warabistán".

Estos dos barrios ubicados en Saitama (norte de Tokio) acogen a numerosos inmigrantes, entre ellos, también a unas 2.000 personas de origen kurdo, que tras huir de Turquía, Siria e Irak, acudieron a Japón para solicitar asilo, ninguno de ellos con éxito.

Para Ohashi, esto se debe a que Japón no quiere arriesgar sus buenas relaciones con Turquía concediendo el estatus de refugiado a ninguna persona de origen kurdo, una situación que ha llegado incluso a protagonizar el documental "Backdrop Kurdistan", del japonés Masaru Nomoto.

Al no poder soportar una detención indefinida, algunos de los refugiados terminan por ceder y aceptar la deportación bajo sus propios medios. Durante 2016, según el Ministerio de Justicia nipón, 6.575 inmigrantes aceptaron costear el regreso a su país de origen, un 93,7 % del total.

"Es una humillación para ella estar encerrada y esto le produce ataques de pánico, a veces incluso escupe sangre", detalla Toma sobre la situación de su hija, que lleva tres meses en el centro de inmigración de Shinagawa (sur de Tokio).

Las organizaciones a favor de los refugiados en Tokio estiman que la mitad de los detenidos en este tipo de instalaciones son en realidad solicitantes de asilo que no disponen de ningún estatus legal, cifras que esperan que vayan en aumento en el futuro.