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La inacción del Parlament deja cientos de títulos universitarios en el alero

La moratoria para que los estudiantes acrediten su nivel de inglés aún no ha sido aprobada en la Cámara catalana

Las universidades, salvo la UPF, aplicarán el aplazamiento para no perjudicar a los alumnos que se gradúan este curso

María Jesús Ibáñez

Libros en inglés en la biblioteca de la facultad de Física de la Universitat de Barcelona.

Libros en inglés en la biblioteca de la facultad de Física de la Universitat de Barcelona. / ALBERT BERTRAN

El acuerdo por el que los rectores de las 12 universidades catalanas y la Generalitat decidieron conceder, en junio del 2017, una moratoria de cuatro años para que los estudiantes que terminan en la universidad puedan acreditar que tienen un nivel B-2 de inglés (el equivalente al First Certificate) es, en estos momentos, papel mojado. Seis meses después del anuncio de la medida y a falta de otros seis meses para que se gradúe la primera promoción de alumnos que están obligados a certificar su nivel en lenguas extranjeras para así obtener el título universitario, la moratoria prometida sigue pendiente de la aprobación del Parlament para entrar en vigor, según han confirmado fuentes de la secretaría de Universitats.

El aplazamiento (que todavía no está pues en vigor) se acordó después de comprobar que la exigencia de dominar el inglés, aprobada en el 2014, se había aplicado de modo un tanto precipitado. Rectores y representantes de los estudiantes alegaron que no se habían habilitado los medios suficientes para que los alumnos con menos recursos pudieran mejorar su inglés, por lo que todavía había mucha gente en la universidad sin el nivel requerido -entre otras cosas porque llegaban del bachillerato sin buena base. 

Según estimaciones hechas por la Conselleria d'Empresa i Coneixement a finales del curso pasado, un 25% de los alumnos que se gradúan este año no tendrían el nivel de inglés requerido. Como en Catalunya, en los últimos años se está graduando una media de 30.000 universitarios en cada promoción, los afectados vendrían a ser unos 7.500 estudiantes.

"Están jugando con la tranquilidad de cientos jóvenes, que encaran la recta final de la carrera sin tener garantías de que van a obtener el título por culpa del inglés", lamenta Pau Perals, presidente del Consell de l’Estudiantat Universitari de Catalunya (Ceucat). La organización ha empezado a hablar con los responsables académicos de las universidades para asegurarse de que aplicarán el aplazamiento de modo unilateral, aunque falte el visto bueno del Parlament.

Todos salvo la UPF

"Pero nos estamos encontrando con que alguna universidad, en concreto la Pompeu Fabra, no va a acceder y ya ha comunicado a sus alumnos que va a aplicar la legalidad vigente, es decir que van a exigirles el certificado de inglés", agrega Perals. En un comunicado enviado a principios de curso a sus alumnos, la UPF alegó que, como la legalidad vigente todavía no ha sido modificada, "la universidad mantiene el requisito [del inglés], que los estudiantes conocían", cuando se matricularon. 

"Al margen de si será necesario que los estudiantes que iniciaron los estudios el curso 2014-2015 y posteriores acrediten el nivel B-2 para obtener su título -agregaba la nota-, la UPF anima firmemente a sus estudiantes a lograrlo para abrirse puertas: en el futuro, en el extranjero, a nuevas culturas, a mejores empleos, a becas, a nuevos amigos, a viajes o a puntos de vista distintos", concluía el correo distribuido a los estudiantes.

En el resto de campus públicos, los rectorados han accedido a dar más tiempo a sus alumnos. De hecho,fueron dos de ellas, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la de Girona (UdG), las que promovieron la aprobación de la moratoria en la reunión del CIC el pasado junio.

Algunas privadas, como la Ramon Llull, han buscado fórmulas alternativas para no incumplir el decreto todavía en vigor y han llegado a un acuerdo con la Generalitat para que a sus alumnos se les convaliden con el nivel B-2 los cuatro cursos de inglés que realizan durante la carrera (la asignatura de lengua extranjera es allí obligatoria).

Una idea de Mas-Colell

El requisito lingüístico lo impulsó el 'exconseller' de Coneixement Andreu Mas-Colell, con el propósito de mejorar el nivel de los graduados catalanes, y afecta a los alumnos que empezaron la carrera el curso 2014-2015. Esto es: a los que acaban este año. A finales del curso pasado, sin embargo, y en vista de que el número de estudiantes que no iban a poder acreditar el inglés era muy elevado (la UAB, por ejemplo, hablaba de más de la mitad de sus matriculados), el CIC acordó instar "al Govern de la Generalitat a presentar al Parlament una solicitud de modificación del artículo 211 de la ley 2/2014, que establezca un aplazamiento durante cuatro años de la entrada en vigor de la exigencia de acreditación del nivel B-2, con la finalidad de evitar perjuicios a los estudiantes".

Pero allí quedó todo. Dos semanas después del anuncio, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cesó al 'conseller' Jordi Baiget, la persona que se había comprometido con los rectores a aplicar la moratoria. Su sustituto en el cargo, Santi Vila, no llegó presentar la propuesta a ninguno de los plenos que se celebraron entre finales de agosto y principios de septiembre; unas sesiones parlamentarias, por otra parte, copadas por el debate independentista. Ahora, tras las elecciones del 21-D, habrá que esperar a que se forme la Cámara y a que haya un nuevo Govern para promover la votación de esta modificación.

Los estudiantes buscan cómo sacarse un certificado contrarreloj

La no aprobación de la moratoria de cuatro años para acreditar el nivel B-2 de inglés tiene ahora mismo en vilo a varios cientos. "Estamos a la espera de ver qué pasará, pero mientras tanto, los que no tienen ningún certificado de idiomas, aunque sí tengan el nivel, están corriendo a matricularse para poder hacer pruebas que les permitan sacarse un título", explica Pau Perals, presidente del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (Ceucat).

Los programas que habilitaron la Generalitat y las universidades a partir del 2014, cuando se impuso este requisito, "han sido insuficientes", lamenta Perals. "Tendrían que ser, además, gratuitos, sobre todo porque los universitarios estamos pagando ya unas tasas de matrícula altísimas", protesta el portavoz del Ceucat.

El problema, reflexiona Esther Niubo, que fue la diputada que en la pasada legislatura representó al PSC en la comisión de Educación del Parlament, es que "el inglés es ya una asignatura pendiente en la educación básica, que evidencia una desigualdad de oportunidades brutal". "Quien se lo puede pagar, con cursos o con estancias en el extranjero, tiene un nivel que determinado alumnado de rentas bajas no puede alcanzar", denuncia Niubó, para quien "sería fantástico exigir la certificación, si realmente la formación que se imparte de inglés lo permitiera". "Hay que hacer muchos esfuerzos aún para garantizar el dominio del inglés al final de la ESO", agrega la diputada socialista, autora de una moción aprobada en el Parlament en que planteaba "no solo más profesorado para facilitar desdoblamientos y más plazas en las escuelas oficiales de idiomas".

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