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TRIBUNAL SUPREMO

Un año de cárcel por interrumpir una misa para protestar por la ley del aborto

El Supremo confirma la pena impuesta a cinco jóvenes por formar un tumulto en el templo

La resolución considera legítima su reivindicación, pero no que se vulnerara el derecho de los demás

Ángeles Vázquez

Foto de archivo de la fachada del Tribuanl Supremo.

Foto de archivo de la fachada del Tribuanl Supremo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 1 año de prisión por un delito contra la libertad religiosa impuesta por la Audiencia Provincial de Baleares a cada uno de los cinco jóvenes que interrumpieron una misa en la iglesia de Sant Miquel de Palma de Mallorca, en febrero de 2014, con una protesta contra la reforma de la ley del aborto.

El 9 febrero de 2014 un grupo de treinta personas, entre ellas los condenados, entró en el templo mientras se celebraba la misa de 12, “lo que sabían sobradamente”. Avanzaron en tropel por el pasillo hasta aproximadamente la mitad, gritando al unísono y repetidamente "aborto libre y gratuito" y "fuera los rosarios de nuestros ovarios”, y desplegaron una pancarta con esos lemas. El personal de la iglesia y los feligreses formaron una barrera y extendiendo los brazos y las manos, consiguieron hacer retroceder hasta la salida al grupo, que continuó gritando sus consignas. Una vez desalojados los manifestantes, el sacerdote reanudó la misa.

La Sala entiende que se cometió un delito contra la libertad religiosa del artículo 523 del Código Penal, que castiga con penas de entre seis meses y seis años a quienes con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia. 

El tribunal entiende que existió una interrupción de un acto religioso, de una ceremonia propia y característica del culto católico en un día de precepto, en los que la misa es de especial importancia para esa confesión religiosa, y que ello se hizo mediante la formación de un tumulto, ocasionado por la presencia de unas treinta personas que invadieron la iglesia, que gritaban, que portaban pancartas y que no abandonaron el lugar hasta que fueron desalojados. La interrupción fue de unos diez minutos, por lo que debe considerarse relevante en un acto o ceremonia que ordinariamente tiene una duración de entre treinta y cuarenta y cinco minutos.

Una protesta legítima

Para el Tribunal Supremo, en el ánimo de los acusados estaba “impedir, interrumpir o perturbar de forma claramente perceptible para todos el acto religioso que sabían que se celebraba a esa hora en esa iglesia. Su protesta, en sí misma legítima, se organizó de tal forma que fuera bien perceptible por terceros. Así, no solamente sabían que con su conducta afectaban de esa forma a la celebración del acto o ceremonia religiosa, sino que especialmente querían hacerlo. Es esa interrupción o perturbación, ejecutada de esa forma, lo que la priva de legitimidad”, subraya la sentencia.  

La Sala afirma que “es claro que les asistía el derecho de expresar libremente su opinión, y de manifestarse para ello, dentro de los límites legales”, pero ello no les autorizaba a hacerlo de forma que, “actuando en el interior del lugar destinado al culto, suprimieran un derecho fundamental de los demás, en el caso, el de libertad de culto, cuando el ejercicio de ambos era compatible, sin que, por ello, fuera preciso sacrificar uno de ellos para la subsistencia del otro. No era preciso resolver la colisión mediante el establecimiento de una relación de supremacía”, concluye el tribunal.

“No es aceptable que los acusados, que se han desarrollado y alcanzado sus conocimientos en el seno de un sistema democrático, puedan creer seriamente que los derechos que les corresponden son prevalentes en todo caso respecto de los derechos de los demás, hasta el punto de hacerlos desaparecer. Ni que ignoren que, así como tienen derecho a manifestarse para expresar libremente sus opiniones, los demás están asistidos del mismo derecho", dice la resolución.

Tampoco "el ejercicio de aquel derecho les pudiera permitir suprimir el de los demás a participar libremente en los actos o ceremonias de la confesión religiosa a la que libremente han decidido adscribirse, cuando se llevan a cabo en los lugares que esa confesión ha destinado al culto”, concluye el tribunal.

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