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Primer paso

El Congreso decide este martes si reforma la ley electoral para permitir votar a los discapacitados intelectuales

"Es una violación palmaria de los derechos humanos de las personas con discapacidad", advierte el Cermi

El Periódico

Una urna en las elecciones generales de junio del 2016.

Una urna en las elecciones generales de junio del 2016. / FERRAN SENDRA

El pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración de una proposición de ley aprobada por unanimidad por la Asamblea de Madrid para reformar la ley electoral (LOREG) con el fin de otorgar el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, en particular a los discapacitados intelectuales o psicosociales.

La iniciativa, impulsada en su día por el PSOE a sugerencia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) plantea la modificación del artículo 3 de la LOREG con la suspensión de dos de sus apartados. Concretamente, aquellos en los que se establece que no tienen derecho a sufragio "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme", así como "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial".

Además, el texto añade una disposición adicional que establece que "las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley".

El objetivo de esta reforma es, según apuntan los socialistas en el documento, adaptarse a las recomendaciones que el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas realizó a España tras una inspección.

En cuanto a los diputados autonómicos que defenderán esta iniciativa ante la Cámara Baja, la Asamblea de Madrid ha elegido a Alfonso Serrano (PP), Mónica González (PSOE) y Beatriz Gimeno (Podemos), que han sido los tres que obtuvieron más votos en la cámara autonómica.

El CERMI pide unidad

Desde el Cermi se ha lanzado un mensaje a los grupos parlamentarios para que exista un "apoyo unánime" a esta reforma que, según ha apuntado, resolverá la situación de casi 100.000 personas con discapacidad que "están privadas en el país del derecho político fundamental de ejercer el sufragio".

"Es una violación palmaria de los derechos humanos de las personas con discapacidad", advierte la organización. Desde el Cermi también han explicado que ya en 2011 la ONU advirtió a España de esta situación era "inadmisible" y le llamó a modificar con urgencia su legislación.