Las claves para que ningún alumno se quede rezagado
El nuevo decreto para hacer las escuelas más inclusivas ha estado un año y medio parado por falta de presupuesto
El decreto de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema inclusivo, aprobado este martes por el Consell Executiu (y que en los días se publicará en Diari Oficial de la Generalitat), establece que todos los alumnos catalanes sean escolarizados en centros ordinarios, incluidos aquellos que presentan necesidades educativas específicas. Para ello, la nueva normativa fija algunos criterios.
Recursos que todos tengan las mismas oportunidades
Los colegios deberán prever, además de las medidas universales de atención a los alumnos, unas medidas adicionales destinadas a estudiantes en situación vulnerable, como aulas de acogida o clases de apoyo escolar personalizado (SEP). El decreto calcula que de ellas se beneficiarán, de media, un 15% de los alumnos de cada centro.
Medidas intensivas para quienes más lo precisan
Como novedad, la normativa prevé que para los alumnos con necesidades educativas especiales (en torno al 5% del alumnado de un colegio ordinario) se habiliten medidas intensivas, que aplicarán los especialistas en audición y lenguaje, los orientadores o el personal de apoyo intensivo para la escolarización inclusiva (las antiguas USEE).
La detección: cuanto antes, mejor
Los alumnos con necesidades contarán con un plan de apoyo individualizado que recoja las valoraciones de los equipos docentes sobre las medidas y actuaciones que el estudiante necesita. “Cuanto más precoz sea la detección, antes se podrá trabajar”, destaca la directora general de Educación Infantil y Primaria, Carme Ortoll.
25.000 alumnos especiales en toda Catalunya
Las escuelas de educación especial atienden actualmente a alrededor de 7.000 alumnos, de los aproximadamente 25.000 estudiantes con necesidades educativas especiales que hay en Catalunya. Ensenyament calcula que de esos 7.000, unos 2.000 podrían ser escolarizados en centros ordinarios. El resto padecen discapacidades severas o graves.
La falta de dinero ralentizó el decreto
Los 142 millones de euros que serán necesarios para desplegar el decreto durante los próximos cuatro cursos escolares (hasta el 2020-2021) han sido, según ha reconocido Ortoll, el escollo por el que la nueva normativa ha estado casi un año y medio sin ser aprobada, pese a estar ya redactada y consensuada con el sector.
Las familias, atentas al despliegue
Las familias de los estudiantes con necesidades educativas han celebrado la aprobación del decreto, si bien han advertido de que van a seguir atentas a su implantación.
Las medidas para atender a los niños quedan en manos de profesores y de directores de colegios, con lo que pueden variar en función de la sensibilidad de los docentes, advierten.
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