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CONTROVERSIA EN EL VALLÈS OCCIDENTAL

Controversia en Sabadell por la caducidad de las sepulturas

Un grupo de vecinos del municipio plantea un pulso al ayuntamiento sobre la duración de la concesión de los nichos

Reclaman que la vigencia de las tumbas anteriores a 1988 sea de 99 años, pero el consistorio aplica un límite de 50

Víctor Vargas Llamas

Nichos en el cementerio de Sabadell. 

Nichos en el cementerio de Sabadell.  / ROBERT RAMOS

Sepulturas a 99. Suena al eslogan de una nueva oportunidad de negocio de los bazares de la ciudad, pero la leyenda no tiene nada que ver con las tendencias de mercado, sino que ilustra una problemática que traspasa la frontera del material sensible para muchas familias de Sabadell. El nombre representa a un grupo de ciudadanos que se han organizado contra la decisión unilateral del consistorio de reducir a 50 años las concesiones de nichos, originalmente contempladas a 99 años, como recuerdan sus portavoces apelando a la "amplia jurisprudencia" al respecto. 

Desde el 2009, el ayuntamiento tiene cedida la gestión del cementerio municipal a la funeraria Torra, que está contactando con los afectados para instarles a renovar la concesión toda vez que han superado los 50 años. La controversia surge cuando parte de las familias interpeladas alegan que el otorgamiento que en su día se firmó era con carácter de "perpetuidad, lo que comporta un periodo de 99 años", explica Anna Calero, portavoz de la iniciativa.

Controversia

Para entender el embrollo hay que distinguir entre el contenido de las dos normativas que rigen al respecto, la de 1955 y la de 1988. "Antes de 1955 no existía regulación de referencia, de manera que a los bienes de dominio público se les aplicaba una vigencia a perpetuidad: 99 años. En 1955, se aprueba el reglamento de servicios de las corporaciones locales, que establece que los cementerios se deben entender como bienes de dominio público", destaca Mariona Torra, abogada del Col·lectiu Ronda, que asesora a los afectados.

El Síndic de Sabadell apela a la jurisprudencia y apoya a los usuarios

La polémica parte de la aprobación en 1988 del reglamento de patrimonio de los entes locales en Catalunya, que en su artículo 61.c determina que la duración de las concesiones de construcciones funerarias será de un máximo de 50 años para las otorgadas en el futuro, de manera que "se mantiene el carácter a perpetuidad de las concesiones formalizadas en años anteriores", añade la letrada. 

No obstante, el Ayuntamiento de Sabadell, del que este diario ha tratado en vano de obtener respuesta, no reconoce dicha "irretroactividad", destaca Torra, y mantiene el imperativo de renovar el permiso al cumplirse los 50 años de la firma de los derechos originales. "El consistorio argumenta que el reglamento de contratación pública dispone la nulidad de los contratos administrativos de duración de más de 50 años. Pero estamos ante una concesión administrativa de bienes de dominio público, no se trata de contratos administrativos", expone.

El argumento de la letrada del Col·lectiu Ronda cuenta con el aval del Síndic de Sabadell, Josep Escartín, que apela a "la jurisprudencia" para evidenciar que "no se puede aplicar con retroactividad el reglamento de 1988". "Se vulneran los derechos de los titulares, pese a que el consistorio argumenta que la ley es interpretable; pues si es así, háganlo a favor del ciudadano, como hizo el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en un caso en Santa Coloma de Gramenet", detalla Escartín. También Terrassa y otros municipios han reconducido su criterio al respecto. 

Afán recaudatorio

Ante la dificultad para aproximar posturas, los miembros de la plataforma Sepulturas a 99 exponen su frustración ante este limbo administrativo. "Hay un evidente afán recaudatorio tras todo esto; yo he podido informarme y trato de defender mis derechos, pero el consistorio se aprovecha de la buena fe y la ingenuidad de gente mayor, gente humilde, que en muchos casos no saben leer ni el número de la puerta", lamenta Calero.

Los afectados hablan de pagos que oscilan entre los 2.000 y los 4.000 euros

Los afectados están esperando a que el ayuntamiento se pronuncie, que emita "un acto administrativo conforme oficializa que deja a las familias sin ese derecho", un extremo que no puede hacer la empresa concesionaria.  Será entonces cuando puedan iniciarse los trámites legales por la vía contencioso-administrativa, para reclamar posibles indemnizaciones,  "en base a los derechos adquiridos por las personas, el principio de seguridad jurídica y la irretroactividad de la norma", detalla Torra.  

Antoni Ortiz y Ana Rodríguez, miembros también de la agrupación, hablan de una media de afectación "que ronda de los 2.000 a los 4.000 euros". "Una chica debía pagar 60.000 euros por renovar un panteón y renunció porque prefería realizar un desembolso así en un piso -dice Ortiz-, con todo el respeto por sus seres queridos; y lo peor es que mucha gente ni siquiera sabe que tiene derecho a reclamar".

La competitividad del sector funerario

Además de decidir el momento, a cualquier futuro finado seguramente le gustaría poder elegir dónde. Y, motivos sentimentales al margen, hacerlo en Barcelona no parece una buena idea, puesto que se trata de la ciudad española en la que más costoso resulta formalizar un sepelio, con un desembolso medio en torno a los 6.000 euros. Tampoco es mucho mejor idea hacerlo en Tarragona, con un coste de cerca de 5.000 euros. Una circunstancia que ha llevado a la Generalitat a planear la intervención en el sector para tratar de rebajar el coste de despedir a los seres queridos, para lo que prevé permitir la gestión de los tanatorios públicos a nuevos operadores. Para paliar la limitada presencia de empresas en la oferta de estos servicios en territorio catalán, el Govern contempla una modificación de la ley catalana sobre servicios funerarios, de 1997, o incluso crear una normativa específica.

También el ayuntamiento de la capital catalana está tratando de diversificar la oferta funeraria disponible para los ciudadanos. Ese era el propósito que le movió a impulsar un servicio municipal que permitiera rebajar en un 30% las tarifas en vigor. Ada Colau preveía que entrara en vigor durante el 2019, pero es probable que no pueda cumplir con ese calendario, viendo la imposibilidad de alcanzar un pacto con las demás fuerzas políticas. La alcaldesa debió retirar su iniciativa del pleno del 28 de abril tras constatar la imposibilidad de que prosperase por los argumentos expuestos por la oposición, que le reclama más planificación y diálogo para alcanzar un consenso.

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