Baleares multará hasta con 40.000 euros el alquiler turístico ilegal

La ley de alquiler turístico de las Baleares, que entrará en vigor el próximo martes, prevé un duro castigo a quienes alquilen de forma ilegal una vivienda a turistas. La norma prevé multas para particulares de entre 20.000 y 40.000 euros. Una sanción que en el caso de las empresas inmobiliarias, los intermediarios turísticos y las plataformas digitales que publiciten los pisos puede llegar hasta los 400.000 euros.

El Gobierno balear quiere dotar de medios la persecución del alquiler ilegal, en tanto que los 'consells insulars' de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como el Ayuntamiento de Palma, tienen margen legal para decidir si permiten el alquiler turístico y en qué condiciones y zonas, informa Efe.

Plataforma electrónica

El Gobierno balear pondrá en funcionamiento una plataforma electrónica que servirá para denunciar a los propietarios que alquilen ilegalmente. Las denuncias no pueden ser anónimas y solo están previstas para iniciar la preceptiva inspección. A partir del martes, alquilar un piso a un turista por un periodo inferior a 30 días, sin contrato de arrendamiento y sin que el inquilino haya pagado una fianza será merecedor de sanción.

Los 15 inspectores que trabaja actualmente para combatir el alquiler ilegal verán reforzado el equipo y contarán con una particularidad de la ley que les facilitará el trabajo: el propietario cuestionado es quien tendrá que demostrar que el alquiler de su vivienda es legal.

Aplicación para turistas

Además, el Gobierno de Francina Armengol habilitará una aplicación para el teléfono móvil para que puedan consultar si la vivienda que van a alquilar es arrendada legalmente. En la actualidad, en Mallorca hay 15.000 viviendas con permiso para el alquiler turístico, son casas aisladas, adosadas o entre medianeras, que mantendrán sus licencias.

Baleares aprobó también la semana pasada una ley de vivienda que obliga a grandes tenedores de pisos a cederlos si llevan dos años vacías, en la línea de la ley de vivienda catalana que el Parlament aprobó en el 2007.