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SECTOR CASTIGADO

Las residencias de ancianos reclaman 300 millones al Govern

Afers Socials anuncia un plan de mejora tras los recortes producidos

Teresa Pérez / Barcelona

Residentes de un centro de la tercera edad del Eixample.

Residentes de un centro de la tercera edad del Eixample. / CARLOS MONTAÑÉS

El sector de atención a la tercera edad (patronal y sindicatos) ha denunciado este jueves el abandono que sufre por parte de la Generalitat. Los dos colectivos han entregado un manifiesto en el Parlament de Catalunya en el que han exigido al Govern una aportación de 300 millones de euros, en tres años, para evitar el "deteriorio y colapso" en las residencias para personas mayores y centros de día. Esta es la segunda ocasión en tan solo seis meses que el sector denuncia el trato de la Administración.

A esta acción no ha tardado en producirse la reacción. Así, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha anunciado que creará un plan de mejora de la calidad y la sostenibilidad de las residencias de ancianos para  "revertir la situación creada durante los años de ajustes y contención presupuestaria”.

Tarifas congeladas

La patronal y los sindicatos que atienden a la tercera edad han recordado que las tarifas están congeladas desde el 2010, lo que significa que los recursos han mermado casi el 11%, es decir lo que ha subido el Índice de Precios al Consumo (IPC) de los últimos siete años. Por eso, las ocho entidades firmantes del texto han denunciado que estos recortes han provocado que el sector esté “en una situación límite e inadmisible” por la falta de recursos procedentes de la Administración. El sector da empleo a unas 40.000 personas, el 90% son mujeres, y atienden a más de 57.000 pacientes.

Las organizaciones, que han recibido el apoyo de todos los grupos políticos con representación en el Parlament, se han reunido con la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, para denunciar la situación provocada por los recortes.  El sector y la Administración volverán a reunirse en septiembre, según ha informado Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) y que ha actuado como portavoz del colectivo. Los afectados han reclamado la implicación política y mejora presupuestaria. 

Promesas incumplidas

Las entidades consideran que “ya basta de promesas que nunca se llegan a cumplir y basta de decir que no hay dinero y ver cómo otros sectores sí que lo reciben”. Esta situación ha provocado, según recoge el manifiesto, que el sector de la dependencia se haya convertido en "el de peores condiciones laborales dentro del ámbito de la atención a las personas".

La 'consellera' Bassa ha emplazado a las entidades a realizar un estudio de los costes y ha indicado, mediante un comunicado, que la Generalitat  ha hecho un esfuerzo durante esta legislatura para  que la asistencia a la tercera edad recobre el nivel que tenía en los años previos a la crisis. "Los problemas acumulados durante estos años no pueden solucionarse de repente, pero estamos trabajando en la dirección correcta", explica el comunicado. El sector, sin embargo, cuantifica la inversión necesaria en 300 millones, lo que permitiría "poner el contador a cero" de todo lo que se ha perdido, ha afirmado Pascual.

Prevención

El plan anunciado por la conselleria tiene como objetivo mejorar la calidad del sector y "establecer un marco de concertación social constructiva, rigurosa y positiva a largo plazo". Los acuerdos se incluirían en una nueva ley catalana de atención a la dependencia que estará mucho más enfocada en la prevención, la autonomía y los servicios de proximidad.

El proyecto propone, además, incluir los ajustes necesarios en la cartera de servicios, estableciendo las ratios, los perfiles y las horas de los profesionales, así como la atención médica que reciben los residentes.

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