Plataforma per la Llengua lanza una campaña contra el "menosprecio" al catalán en los juzgados

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EuropaPress

Ven indignante que el CGPJ anule la sanción a una jueza de Olot por "censurar" el catalán

Plataforma per la Llengua ha lanzado una campaña contra el "menosprecio" que ve hacia el catalán en el ámbito judicial, bajo el lema 'La justícia, en català!', y ha llamado a los ciudadanos a que se adhieran vía web para enviar una sentencia condenatoria simbólica al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para concienciar sobre el derecho a usar esta lengua.

Lo ha explicado el presidente de la entidad, Òscar Escuder, en rueda de prensa este jueves en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), junto al secretario de la Comissió de Llengua Catalana del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya y presidente de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, Josep Cruanyes, y el director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat, Gabriel Capilla.

La plataforma ha presentado un informe sobre los obstáculos que impiden el uso del catalán en la justicia en 2017, que concluye que el Estado "no respeta su propia Constitución" ni sus leyes, ya que no considera garantizado que se cumpla el artículo 3, sobre el derecho a los ciudadanos a usar las lenguas cooficiales en el ámbito judicial.

Escuder ha constatado "ataques" hacia el uso del catalán en el ámbito judicial, y Cruanyes ha asegurado que se encuentran con indefensión ante estos ataques, porque los poderes judiciales responden con pasividad e incluso premiándolos, y ha puesto como ejemplo que el CGPJ ha retirado este miércoles la sanción de una juez de Olot (Girona) que censuró el catalán en un juicio en marzo de 2016, ha dicho.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) amonestó en octubre a la jueza del Juzgado 2 de Olot, Ana María Caballero, por "sus expresiones fuera de tono" hacia una abogada por hablar catalán en un juicio, y Cruanyes ha afirmado que si el TSJC consideró este hecho una desconsideración --en lugar de falta de garantía de un derecho--, el CGPJ, ni eso, ha dicho.

"Si la Justicia tiene esta actitud, ¿qué harán el resto de los elementos?", y ha asegurado que estas decisiones generan una sensación de impunidad absoluta, ante la que siente una gran indignación, porque ha considerado que la juez censuró el catalán.

PRESIONES

El presidente de la Plataforma ha asegurado que en una encuesta de 2015, el 75% de los abogados afirmó haber recibido presiones para no usar el catalán en los juzgados, una situación ante la que asegura que el Estado responde con pasividad y que contrasta con Canadá, donde el Gobierno indica a los ciudadanos que pueden ser atendidos en las diferentes lenguas oficiales en todo el territorio.

"Es una anomalía que es obvia. No queremos ser considerados ciudadanos de segunda" en los juzgados, ha afirmado Escuder, que ha llevado tras el acto la sentencia simbólica ante la Delegación del Gobierno en Catalunya.

Ha destacado que el Estado no ha cumplido las peticiones del Consejo de Europa, que en enero de 2016 reprobó al Estado y le pidió que modificara el marco judicial para garantizar que las autoridades judiciales penales, civiles y administrativas realicen los procesos en las lenguas cooficiales, y que garantizara una proporción adecuada del personal judicial con un conocimiento práctico de las lenguas.

WEB

La web 'justiciaencatala.cat' explica a los profesionales del ámbito de la justicia herramientas para facilitar trabajar en catalán, además de informar a los ciudadanos que tienen el derecho de que sus abogados los defiendan y que, en caso de ver vulnerado este derecho, presenten una queja.

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Las situaciones que han recogido desde la Plataforma van desde un juez que amenazó con suspender un juicio si se usaba el catalán hasta casos en los que los jueces piden traducciones al castellano de documentos, cuando legalmente no es necesario, por lo que han calificado la situación de "maltrato lingüístico".

Capilla ha indicado que, a pesar de que el 70% de los integrantes de las oficinas judiciales están en condiciones de atender en catalán, solo el 8,4% de las sentencias se dan en esta lengua, y los tres representantes han coincidido en la necesidad de que se aplique en la práctica el mérito de conocer la lengua.