La enseñanza no es una prioridad política

Queda claro que el plan de choque social acordado entre Junts pel Sí y la CUP para poder poner en marcha el proceso soberanista en Catalunya es, como su propio nombre dice, social. No educativo. Así lo observan, al menos, las personas vinculadas a la comunidad educativa consultadas por este diario para valorar el documento. "Solo con haber llegado a un pacto como este, los políticos demuestran que son conscientes de que existe un problema, aunque luego no parezcan dispuestos a llegar demasiado lejos para resolverlo", constata Àlex Castillo, presidente de la federación de asociaciones de padres de alumnos de Catalunya (Fapac). "Las tres medidas sobre educación del plan de choque son correctas, claro, pero si algo se concluye del documento es que la mayoría de los partidos no saben qué proponer en materia educativa. O que el cambio en educación no entra en la agenda de prioridades del Govern", agrega Ismael Palacín, director de la fundación Jaume Bofill.

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La más celebrada de las tres propuestas educativas del plan es la que prevé una inversión adicional de cinco millones de euros para escuelas situadas en barrios empobrecidos. "Es una noticia muy, muy positiva", destaca Palacín. La única objeción, indica, es que "es algo que no funciona por sí solo: faltan recursos, sí, pero también faltan planes de renovación pedagógica o programas para acabar con la segregación de los alumnos". "Hay medidas que no cuestan dinero, como un cambio en la matriculación, que también contribuirían a mejorar la situación actual", sugiere, en este sentido, Àlex Castillo.

En cambio, prosigue el presidente de la Fapac, "es casi cínico que la Generalitat se comprometa ahora a aportar 15 millones de euros a los parvularios, después de la política de recortes que ha aplicado en los últimos años a este sector". La creación de nuevas plazas escolares para niños de cero a tres años, agrega el director de la Bofill, "es, por sí sola, lenta y cara". "Quizás habría sido más efectivo habilitar un sistema de tarifas sociales para garantizar el acceso a este servicio de las familias con menos recursos económicos", señala Palacín, que recuerda que la demanda de plazas en guarderías ha bajado un 9% desde que empezó la crisis, "por el descenso de la natalidad, pero también porque a muchas familias les es imposible pagarlas".

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La tercera medida educativa prevista en el plan de choque, la creación de becas de transporte para los alumnos de FP que estudian fuera de sus municipios, resulta a todas luces insuficiente. "Está bien que haya becas para la formación profesional, pero becas faltan muchas y falta hablar también de la cuantía y de cómo se distribuyen", apunta Palacín.