La ILP por la renta ciudadana reclama agilidad al Parlament

Mientras los focos de las cámaras y los micrófonos se agolpaban a las puertas de la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament por la bronca política entre soberanistas y no soberanistas, los promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) en favor de una renta garantizada de ciudadanía para todos los catalanes se reunían con escaso eco mediático con todos los grupos parlamentarios de la nueva legislatura para exigir celeridad en el debate de esta ley para conseguir que sea una realidad antes de final de año.

«Hemos visto otras urgencias hoy [por ayer] en el Parlament; nosotros reclamamos también urgencia para esta iniciativa», planteaba ayer Núria Carrera, decana del Colegio del Trabajo Social, que formó parte de la delegación de la ILP que se reunió con los grupos parlamentarios.

664 EUROS MENSUALES / La petición es que la Mesa del Parlament cree de inmediato una ponencia previa a votar la ley en el pleno. Los promotores, que lograron más de 121.000 firmas (se necesitan 50.000), llevaron al Parlament la iniciativa en marzo del 2014. Pese a que reclamaron insistentemente agilizar los trámites, la finalización de la legislatura hizo que la ILP se congelara.

Ahora la propuesta de los impulsores es que no se abra un nuevo trámite global de enmiendas, salvo las que vengan de los dos nuevos grupos (Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot), para dar rapidez al debate. «Este tema tan relevante para la gente puede quedar encallado durante meses si no ponemos la directa», advirtió Carrera.

La respuesta de los grupos fue favorable a poner en marcha la ponencia. Los promotores se reunirán también en los próximos días con la nueva presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para que contribuya a impulsar esta ley. «Pedimos que antes de final de año se pueda debatir», subrayó Carrera.

Otra cuestión será el voto de los grupos. El PP ya ha mostrado su rechazo a esta renta (664 euros al mes para las personas en situación de pobreza) pese a que está avalada, señalan sus impulsores, por el Estatut, cuyo artículo 24.3 indica que «las familias o personas en situación de pobreza tienen derecho a una renta garantizada de ciudadanía que les garantice una vida digna».