El colectivo gay denuncia que la ley antihomofobia no se aplica

El balance del primer año de la ley contra la homofobia no podría ser más decepcionante para el colectivo homosexual. Un resultado del que el presidente del Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), Eugeni Rodríguez, acusa al Gobierno de Artur Mas por la «falta de voluntad política» para garantizar que el potencial de una norma «tan pionera» como esta se traduzca en la calle.

El presidente del Casal Lambda, Emilio Ruiz, ilustró esta parálisis institucional exponiendo «el incumplimiento de los plazos» para aprobar la reglamentación que permita el desarrollo de la ley, como el impulso de un convenio entre las autoridades, la fiscalía y las entidades gais -previsto para seis meses más tarde- o las disposiciones para la aplicación efectiva del contenido legal y que debía producirse antes de que llegara octubre, entre otros.

VACÍO INSTITUCIONAL

Rodríguez abundó en las críticas al recordar que las víctimas de agresiones y discriminación homófobas desconocen dónde pueden encontrar alguno de los servicios de atención integral previstos en la ley porque la Generalitat aún no ha hecho pública la lista. El dirigente del OCH subrayó ese vacío institucional al destacar que de las más de 80 denuncias recibidas por posible homofobia «la gran mayoría» se siguen canalizando a través del observatorio, mientras que el Govern aún no ha resuelto ninguno de los casos recibidos.

El 60% de las denuncias son de personas gais, el 18,7% de tipo genérico, el 12% de lesbianas y el 8,7% de transexuales. Más de la mitad de las denuncias se registran en la ciudad de Barcelona, seguida por Girona y las comarcas del Vallès Oriental y Occidental.

Elena Longares, miembro de Gais Positius, destacó como otro de los déficits que acarrea la no aplicación de la norma la imposibilidad de que una mujer o una pareja de lesbianas accedan a un tratamiento de reproducción asistida en la sanidad pública catalana a causa del «protocolo en vigor», que únicamente lo autoriza para heterosexuales. La ley promulgada el año pasado avala el acceso al tratamiento a los demandantes de toda condición sexual.