La ILP de la vivienda y la pobreza energética, a tres semanas de aprobarse

Una segunda oportunidad para los sobreendeudados, relaojo garantizado para quien no tiene una vivienda, acceso de los más vulnerables a los suministros básicos. La ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética ha superado este jueves el debate de la totalidad en el Parlament y recorrerá ahora un camino abreviado con el fin de que la Cámara catalana lo apruebe en pleno el 24 de julio. La iniciativa legislativa popular ha sido defendida por representantes de las entidades que la postulan, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma de Afectados por la Hipoteca el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). 

Ningún grupo presentó enmiendas a la totalidad, por lo que no ha habido votación. Sin embargo, el PPC no es favorable a la propuesta. CiU, que la rechazaba tiempo atrás, parece haberse aproximado al texto. En todo caso, ahora se verá cómo actúan los grupos en los próximos días. El portavoz de la PAH, Carlos Macías, ha advertido de que las medidas fijadas en la ILP son "de mínimos" y que no puede ser mutiladas en estas tres semanas.

La representante de CiU, la diputada Meritxell Roigé, que ha empezado repartiendo reproches a otros partidos y gobiernos, ha segurado que su grupo buscará el pacto: "No bloquearemos figuras que se proponen. Tenemos voluntad de acuerdo".

El 'conseller' de Territori, Santi Vila, ha cifrado la aplicación de la nueva norma en entre 400 y 800 millones de euros anuales.

EL CONTENIDO

La ILP propone medidas de segunda oportunidad para quien soporte una deuda inasumible, especialmente si está relacionada con la primera vivienda. Para ello se prevé una vía extrajudicial y otra judicial. La iniciativa aboga también por que una persona que haya entregado su casa en dación en pago y no tenga dónde vivir pueda disfrutar del alquiler forzoso de esa misma casa durante tres años. En caso de impago del alquiler, los afectados se podrán acoger al alquiler forzoso por un mínimo de tres años si el piso es propiedad de personas jurídicas. Si la propiedad recae en personas físicas, deberán recibir ayudas públicas para evitar su desalojo. En general, la administración se compromete a garantizar el realojo para acometer un desahucio.

En pobreza energética, la ILP afirma que la administración deberá garantizar el derecho a suministos básicos a personas sin recursos durante por lo menos tres años. También se prevé un protocolo de intervención de servicios sociales previa a un corte de suministros. Se establecerán descuentos mediante convenios entre la administración y las compañías.

En cuanto a los pisos vacíos, los que sean de entidades financieras, fondos de inversión y entidades de gestión de activos que estén vacías y sean infrautilizadas durante dos años. Se aplicará de forma preferente si las entidades han recibido ayudas públicas.