La Alianza contra la Pobreza Energética hace visible un drama

Desde que la pobreza se instalara con tozudez en la realidad social catalana no han dejado de salir voces de denuncia y manos en las que agarrarse para paliar una situación que lejos de aplacarse se agrava en miles de hogares. Son loables proyectos que han surgido estos años en favor de las personas. Algunas merecen un aplauso más público por la capacidad que están teniendo de generar cambios. Si en el 2012 el galardón a la Mejor Iniciativa Social fue para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) al reconocer el jurado, entre otros, la solidaridad ciudadana y la recuperación del concepto vecino, esta edición los premios ensalzan una organización hermana, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), que ha dado visibilidad al drama de tantas familias que no pueden pagar la luz, el agua y el gas y  pasan restricciones por no gastar, cuando no cortes. Una precariedad que, denuncian, afecta a 320.000 hogares catalanes. Esta iniciativa, nacida en febrero del 2014 y formada por un  buen puñado de entidades (como la plataforma Aigua és Vida, la Confederació d'Associació de Veïns de Catalunya y la PAH), ha superado con creces las 50.000 firmas necesarias para sacar adelante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Fueron entregadas el pasado viernes en el Idescat, reclamando, entre otros, que se garantice el acceso a los suministros en los hogares vulnerables, que se paren  los desahucios de familias hipotecadas y que se cree un parque público con los pisos vacíos que están en manos de la banca. Y de manera urgente, que no se corte la luz, el agua o el gas a ninguna persona pobre, algo que la Administración niega que ocurra mientras a la APE siguen llegando casos. En definitiva, que no se vulneren los derechos humanos.