Andalucía rechaza por ley los copagos y las privatizaciones sanitarias

Andalucía prohibirá por ley el copago en los servicios sanitarios que sean competencia autonómica, según se recoge en el anteproyecto de ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que prevé paliar así a los pacientes el efecto de estas medidas que imponga el Gobierno central y "evitar futuras tentaciones de desmantelar el sistema sanitario público", según explicó hoy el nuevo consejero de Salud, Aquilino Alonso.

La norma, pionera en España y que podría estar en vigor a comienzos de 2016, pretende garantizar la prestación de servicios públicos, un compromiso asumido por la presidenta Susana Díaz en su discurso de investidura y contemplado también en el acuerdo con Ciudadanos (C’s).

En el año 2012, la Junta de Andalucía ya aminoró el impacto del copago sanitario en los jubilados, a los que ahorró unos 100 millones de euros, según los cálculos del ejecutivo regional, que trata de que ahora estas iniciativas queden recogidas por ley y no a expensas de la voluntad del gobierno de turno.

El anteproyecto prevé que se destine hasta un 6,5% del PIB regional a salud, y compromete que no habrá copago en la cartera de servicios complementarios, que es la que depende del Gobierno autonómico (la básica viene determinada por el Estado). En el caso de que el Gobierno central establezca un precio para determinados servicios de esta cartera, la normativa "facultaría" al Ejecutivo autonómico a "arbitrar medidas necesarias" para minimizar ese impacto.

La norma afecta tanto a servicios como a fármacos, ya que concreta por ley la obligación de buscar la mayor eficiencia a los menores costes. Así, insiste en el mantenimiento de la subasta de medicamentos, que ha sido recurrida en varias ocasiones por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional por romper la unidad de mercado, y propondrá nuevas fórmulas de austeridad y racionalización del gasto. No menciona nada sin embargo sobre las plantillas de profesionales, que se concretarán en un Plan de Gestión que ponga negro sobre blanco el espíritu de esta ley. Asimismo, incluye una fuerte apuesta por la investigación médica y medidas de transparencia, como la publicación de ayudas y subvenciones de la industria farmacéutica.

Según defendió el consejero de Salud, sostener la Sanidad pública es ahora mas necesario que nunca para garantizar su acceso a todos los ciudadanos "independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad". Y argumentó que la sostenibilidad del sistema se ampara en el reconocimiento social, "y lo tiene, porque cuenta con tres encuestas de satisfacción muy altas", y la decisión política, "que es la que tenemos hoy". "Se trata de proteger un derecho irrenunciable de la ciudadanía, que está recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía", concluyó.