El recurso desata un alud de críticas de educadores y políticos
Aunque la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, amanecía ayer afirmando que en Catalunya el sistema de inmersión lingüística «no plantea ningún problema», si bien, precisaba, «se ha llevado al extremo», la mayoría de fuerzas políticas (salvo el PP y Ciutadans) y el grueso de la comunidad educativa catalanas hicieron una lectura bien distinta de su recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Para todos ellos, la decisión del ministerio de que se incluya una casilla para los padres que quieran que sus hijos estudien en castellano equivale a querer implantar el modelo bilingüe (o mejor, trilingüe) que el PP ha impuesto en Baleares y la Comunidad Valenciana.
Así lo interpretó, al menos, la 'consellera' de Ensenyament, Irene Rigau, para quien el recurso del ministerio «busca desestabilizar el sistema de inmersión y de escuela catalana, ya que no solo atenta contra la ley de educación de Catalunya, sino también contra el sentido común, contra la democracia, contra los hechos», dijo. También CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP, formaciones todas ellas contrarias a la LOMCE, aseguraron que se «mantendrán firmes» ante un «irresponsable» y «desproporcionado atentado» contra el catalán, el sistema de inmersión lingüística y la cohesión social en Catalunya. La CUP calificó el recurso de Wert de intento de «golpe de Estado».
Desde el sector educativo, la plataforma Somescola.cat consideró que «la pretensión de bloquear el proceso de matriculación es un acto de violencia institucional», que introduce incertidumbre en las familias que han participado en el proceso. Para la asociación de maestros Rosa Sensat, parece que la voluntad de Wert es querer «dividir a la sociedad catalana». «Ha sido un ministro -recordó la entidad en un comunicado- que ha conseguido que todos los movimientos sociales vayan a una rechazando de manera sistemática sus propuestas».
VERSIÓN MINISTERIAL
«Solo la asignatura de Lengua Castellana se imparte en castellano», argumentó, en cambio, Montserrat Gomendio, que equiparó la carga lectiva del castellano con la que tiene en Catalunya la lengua extranjera. «Consideramos que esto no supone respetar el derecho de las familias a elegir el castellano como vehicular» ante el TSJC, agregó. Esta última afirmación, sin embargo, no es del todo cierta, ya que, según las últimas cifras aportadas por la Generalitat, dentro del plan multilingüe puesto en marcha hace dos cursos, un 15% de las escuelas catalanas imparten alguna asignatura no lingüística utilizando el castellano como vehicular.
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