NUEVA RECTIFICACIÓN DEL EJECUTIVO CENTRAL
El Gobierno da marcha atrás en la privatización del Registro Civil
En plena crisis de imagen de un Gobierno sometido a presiones internas y externas y en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales, que pintan mal para el PP, según auguran todas las encuestas, el equipo de Mariano Rajoy ha decidido volver a meter en un cajón otro de los polémicos y poco aplaudidos proyectos impulsados por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón: en este caso, el de la privatización del Registro Civil. Así lo anunció ayer su sucesor en el cargo, Rafael Catalá, quien confirmó que queda aplazada la encomienda a los registradores de propiedad y mercantiles de la gestión de dicho registro, que en principio estaba prevista para el próximo 15 de julio. «El Gobierno no va a tener un proyecto que no sea compartido por el conjunto de los profesionales. Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta que no tengamos ese consenso que queremos generar», declaró ayer Catalá a los medios ante la puerta del Tribunal Supremo, adonde había acudido para imponer las medallas del Colegio de Abogados de Madrid. Catalá había asegurado en el Congreso el miércoles que la reforma seguía adelante.
BUSCAR EL CONSENSO / De hecho, el ministro de Justicia confesó que ya había informado a los registradores de la propiedad, a través de su colegio, de que las «discrepancias», «críticas» y «oposición importante» que había suscitado el asunto por parte de profesionales, sindicatos y oposición política habían provocado un aplazamiento y quizá una marcha atrás definitiva. «Por eso nos replanteamos el plazo del 15 de julio, nos replanteamos incluso el modelo», puntualizó Catalá, que tiene previsto convocar la próxima semana a comunidades autónomas, entidades sindicales y responsables del sector para «seguir trabajando» en la búsqueda de una solución que genere «mayor consenso» que la propuesta que en su día hizo Gallardón.
La decisión de dejar en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles el servicio del registro ha encendido los ánimos del sector en los últimos meses. Los partidos de la oposición y los funcionarios de Justicia han criticado y denunciado públicamente lo que, a su entender, no deja de ser una «privatización» encubierta. CCOO empezó a recoger firmas hace un mes para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) contra la propuesta, que ha obtenido más de 100.000 apoyos. «Es una nueva demostración del rechazo de la ciudadanía a la política de privatizaciones que el PP ha llevado desde su entrada en el Gobierno», afirmó el sindicato.
Cuando el Ejecutivo aprobó sacar el Registro Civil de los juzgados y dárselo a los registradores mercantiles, se comprometió a que este cambio no conllevaría ningún coste para los ciudadanos por un servicio que hasta ahora es gratuito. Sin embargo, estos profesionales exigieron compensaciones, de ahí la denuncia de la privatización encubierta.
REGISTRO AUTOMÁTICO DE NACIMIENTOS / En el ministerio siempre se ha alegado que su proyecto buscaba únicamente garantizar «un servicio público y de calidad». Ahora, una vez que se ha determinado que la propuesta queda aparcada, se insiste en que se va a seguir trabajando en pro de una reforma que recabe mayores apoyos y que permita implementar, en el menor tiempo posible, algunos avances previstos como la posibilidad del registro automático de nacimientos y defunciones por vía telemática desde el mismo centro hospitalario, entre otros.
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