Solo se conocen el 3 por ciento de los abusos a personas con discapacidad

Solo el 3 por ciento de los casos de abusos a personas con discapacidad intelectual llegan a ser revelados alguna vez, mientras que el 97 por ciento restante no son detectados y, si lo son, no se denuncian. Los datos han sido aportados por la directora de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (Uavdi) de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, María Recio, un recurso pionero y único en España, que ha atendido 245 casos de abusos a personas con discapacidad intelectual desde 2010 hasta 2014. Recio ha destacado el aumento progresivo del número de casos que han sido atendidos en la Unidad en sus cuatro años de funcionamiento a nivel nacional.

El 71 por ciento de las víctimas son mujeres y el 29 por ciento son hombres, según las estadísticas. Por edad, el 54 por ciento de los casos que llegan a la Unidad afectan a adultos, lo que, según la directora, pone de manifiesto la alta vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual, aunque sean mayores de edad. Por tipo de delito, el 69 por ciento de los casos corresponden a abusos o agresiones sexuales, el 15 por ciento a maltrato físico y un 16 por ciento a situaciones de negligencia, acoso o extorsión.

En lo referido a abusos sexuales, en el 99 por ciento de los casos, los agresores son personas conocidas (familiares, amigos, vecinos o compañeros) y, de éstos, un 30 por ciento corresponde a abusos en el seno de la familia. El 73 por ciento son derivados por profesionales de los servicios de atención directa de las personas con discapacidad intelectual, servicios sociales y centros de salud. En el 19 por ciento de los casos, la propia familia se pone en contacto con el servicio, un 6 por ciento de las derivaciones corresponden a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y solo el 2 por ciento de las víctimas acuden ellas mismas al servicio.

En cuanto a las denuncias, Recio ha precisado que solo 37 por ciento de todos los casos de abusos son denunciados, lo que indica la poca confianza del colectivo, sus familiares y profesionales en el sistema de justicia a la hora de abordar estos procesos. La directora de la Unidad ha considerado "alarmante" que, teniendo en cuenta la edad de las víctimas, solo un 20 por ciento de los casos de abuso sexual a menores con discapacidad intelectual son denunciados y ha precisado que, cuando la víctima de abuso sexual es adolescente, las denuncias se elevan al 46 por ciento.

Si se analizan las resoluciones judiciales en la fase de instrucción, cuando la víctima se enfrenta sola al proceso, se archivan un 52 por ciento de los casos, mientras que, cuando interviene un experto, que facilita un testimonio con garantías, el porcentaje de sobreseimientos se reduce al 10 por ciento.

Para contribuir a eliminar las barreras que dificultan el acceso a la justicia de las víctimas, se ha editado la "Guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual". Esta publicación, promovida por la Fundación Carmen Pardo-Valcarce en colaboración con la Fundación Mapfre, la Confederación Española de Policía y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ofrece formación a los agentes policiales en la intervención con este colectivo vulnerable a sufrir situaciones de victimización criminal.

El director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, ha destacado que España es uno de los países "pioneros" en el mundo en la atención a la discapacidad gracias a la colaboración de las organizaciones no gubernamentales y de las entidades privadas con la Administración.